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Estados Unidos.- Estados Unidos ha anunciado la deportación de 10 inmigrantes hacia El Salvador, a quienes acusa de pertenecer a las pandillas MS-13 y el Tren de Aragua.
El anuncio lo hizo el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de su cuenta en la red social X. Esta medida se produce en el contexto de una serie de acciones que el gobierno estadounidense ha tomado en materia de seguridad y migración.
La noticia se conoce horas antes de una reunión entre los presidentes Donald Trump y Nayib Bukele en Washington, centrada en temas de seguridad regional.
Los 10 inmigrantes deportados fueron señalados por el gobierno de EE. UU. por tener vínculos con las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13), originaria de El Salvador, y el Tren de Aragua, una organización criminal con presencia en Venezuela y otros países de América Latina.
Aunque Marco Rubio los calificó como miembros de «organizaciones terroristas internacionales», hasta el momento no se han presentado pruebas públicas que respalden estas acusaciones. En marzo, Estados Unidos ya había deportado a más de 250 personas bajo acusaciones similares, algunas de las cuales fueron cuestionadas por organizaciones de derechos humanos.
Los inmigrantes deportados fueron enviados directamente a la cárcel conocida como Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo), ubicada en El Salvador. Esta prisión ha sido una pieza clave en la estrategia del presidente Bukele contra las pandillas, y tiene capacidad para albergar hasta 40 mil personas.
A pesar de su tamaño e infraestructura, el Cecot ha sido señalado por grupos internacionales debido a las condiciones en las que permanecen los reclusos, así como por la falta de procesos judiciales claros para muchos de ellos.
El presidente estadounidense Donald Trump ha elogiado públicamente a Nayib Bukele por aceptar a los inmigrantes deportados, incluso cuando algunos no son originarios de El Salvador. En declaraciones recientes, el secretario de Estado Marco Rubio calificó esta cooperación como un ejemplo para la seguridad y la prosperidad en el hemisferio.
La deportación de marzo se realizó bajo una antigua ley de «enemigos extranjeros», vigente desde 1798, que ha sido criticada por su carácter anacrónico y por los posibles riesgos que representa para personas que no han enfrentado un juicio formal.
Ser señalado como miembro de una pandilla como MS-13 o el Tren de Aragua tiene consecuencias graves. En El Salvador, basta una acusación para ser trasladado a prisión, como ocurrió con Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por error y enviado directamente a la cárcel sin un juicio previo.
Diversas organizaciones han alertado sobre detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas dentro de centros como el Cecot, además del impacto que estas decisiones tienen en familias inmigrantes que buscaban asilo o mejores condiciones de vida.
La cooperación entre los gobiernos de EE. UU. y El Salvador ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos. Mientras las autoridades estadounidenses insisten en que estas deportaciones son parte de su lucha contra el crimen organizado, organizaciones sociales señalan el riesgo de violaciones a derechos básicos y la falta de transparencia en los procesos.
La reunión entre Trump y Bukele, en este contexto, podría definir el rumbo de nuevas políticas migratorias conjuntas en el continente.
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