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Miami. — Susana (quien optó por no revelar su nombre real) cruzó la frontera siendo joven, con la vista puesta en un horizonte donde el trabajo decente y la posibilidad de mantener a su familia justificaban cualquier riesgo. En 2007 dejó atrás los cerros de tierra ocre y verdosos de Michoacán, su comunidad, su madre anciana y un cúmulo de recuerdos guardados en una casa de adobe y ladrillo.
Lo que no dejó fue su identidad, que la sostuvo durante los 18 años que pasó en California, cultivando tomates, cosechando naranjas, podando viñas y criando a sus hijos; “Si tan solo nos hubieran dado papeles y la oportunidad de no estar con ese temor diario [por ser indocumentados], otra cosa sería”, dice a EL UNIVERSAL.
“Nunca tuve problemas. Solo trabajaba, siempre trabajaba”, cuenta y recuerda las cajas con sus pertenencias y las de sus dos hijos, que terminó de cerrar la mañana del 13 de febrero. Ese día selló la decisión que venía considerando desde hacía meses: dejar EU, de forma voluntaria, para volver a México.
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No fue una decisión impulsiva. “Ya intentamos regularizar los papeles muchas veces, pero no se pudo”, contó en voz baja. Esa frase encapsulaba años de trámites, de abogados, de esperas sin respuesta, de promesas incumplidas por un sistema migratorio que parecía ciego ante las vidas que sostenía; sin importar quién gobernara EU y cuáles promesas hubieran hecho a los indocumentados y en general a los votantes latinos.
El retorno de Donald Trump a la presidencia la decidió. Nuevas órdenes ejecutivas firmadas en los primeros meses de este año ampliaron aún más las prioridades de deportación, afectando no solo a quienes tuvieran antecedentes penales, sino también a personas como ella, cuya única “falta” fue haber ingresado al país sin documentos. “Mis hijos y yo estábamos en esa lista no escrita y, ¿qué debía hacer?”, se preguntaba angustiada, “¿esperar a que me detuvieran quién sabe dónde y que tal vez me encerraran sin ver a mis hijos y perder lo poco que tengo?”.
El miedo dejó de ser un rumor. En su barrio, en la zona de Perris, comenzaron a circular historias de vecinos que habían sido arrestados de un momento a otro. Susana escuchaba con el corazón encogido cómo los hijos de su vecina lloraban porque su padre no regresó del trabajo. Supo entonces que la siguiente podía ser ella. “Ya no quiero vivir escondiéndome. No quiero que mis hijos me vean con miedo”, recuerda que confesó a su comadre una noche antes de comprar boletos de regreso a México.
El Consulado de México en San Bernardino, California, se convirtió en un apoyo esencial. Acudió con la esperanza de que al menos su retorno no fuera tan doloroso en lo material. Le habían comentado sobre el programa Lista de Menaje de Casa, una iniciativa del gobierno mexicano que permite a los repatriados llevar consigo muebles, electrodomésticos y otros bienes sin pagar impuestos. “Lo que hacemos es apoyar a nuestros paisanos para que su regreso a México sea lo más sencillo y menos pesado posible”, comentó a este diario un portavoz del consulado mexicano. A través de este programa, pudo empacar su refrigerador, sus dos televisores, los colchones y hasta su pequeño auto, un modelo compacto 2013 que compró con mucho sacrificio.
Decidió no utilizar el programa del gobierno de Trump conocido como CBP Home, una iniciativa estadounidense para coordinar salidas voluntarias de EU de inmigrantes. “No quería nada con ellos. Me voy por mi cuenta, con mi dignidad”, y recuerda hacer cálculos de lo que se llevaría a México.
Era su forma de retomar el control de su destino, en medio de un sistema que tantas veces la había hecho sentirse como una extraña a pesar de llevar casi dos décadas, pagar impuestos y no tener ningún antecedente penal. Pero en especial, tener dos hijos estadounidenses. Cuenta que el día de su partida, sus vecinos y amigos se congregaron frente a su casa. La ayudaron a cargar la mudanza que llevaría sus cosas a México. Les regalaron abrazos y lágrimas. “Siempre fuiste una mujer trabajadora y dedicada a su familia. Te vamos a extrañar”, le comentó su vecina más cercana.
Cuenta que el viaje de regreso a México fue largo, pero tranquilo. Sus hijos, de 16 y 14 años, nacidos en EU, la acompañaron. Iban callados, mirando por la ventana, sin saber aún si ese regreso era definitivo para ellos. “Cuando mis hijos sean mayores de edad, si quieren regresar, los voy a apoyar; EU también es su país, es donde han crecido, pero yo me quedo ya en mi país”, repite.
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En Uruapan, Michoacán, la casa familiar los esperaba; lleva dinero para construirse una casita donde vivirán. No será grande, pero será suya, asegura. El refrigerador, la licuadora, el sofá viejo, todo tiene una historia. Todo es testimonio de lo que había sido su vida en EU.
Estaba de vuelta, con el alma dividida, porque EU le había quitado cosas, pero le había dado lo más importante: sus hijos. Comienza otra etapa, con menos angustias y miedos. No se considera una víctima, sino una sobreviviente.
“Yo me quedo en mi país”, dice con una mezcla de certeza y tristeza. No lo dice para convencerse, sino para reafirmarse, para plantar una bandera sobre su propia historia. Porque a pesar del dolor, del desarraigo, del retorno forzado, sabe que ha elegido el camino más importante, el de la dignidad. Y en ese camino, otra vez se siente libre.
