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Obstáculos a propiedades de propietario de Jet Set impiden la distracción de bienes inmuebles

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Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República (PGR) impone restricciones sobre las propiedades del empresario Antonio Espaillat López, con el objetivo de impedir la transferencia a terceros y así asegurar el pago de la indemnización a las víctimas de la tragedia de la discoteca Jet Set, además de evitar que se declare insolvente.

Así lo señalaron varios abogados, quienes explicaron que esto se hace para preservar el cobro de las indemnizaciones que pudiera determinar un tribunal cuando se toman medidas precautorias.

El jurista Carlos Salcedo explicó que estas medidas buscan evitar la desviación de los bienes propiedad de una persona que está siendo investigada y que se presume podría tener responsabilidad penal y civil en un caso de la magnitud de la tragedia del Jet Set.

Se toman medidas preventivas, cautelares, precautorias sobre los inmuebles que estén a nombre de la persona investigada y que podría ser acusada.

Con esta medida se busca asegurar el cobro posterior de la multa y de la indemnización, y evitar la distracción de los bienes de la persona imputada, que está siendo objeto de la investigación preliminar que se derivará de la medida de coerción que se solicite.

El abogado indicó que el Ministerio Público siempre restringe los bienes de una persona investigada. Esta restricción es emitida por un juez de instrucción para garantizar el pago de la multa y de la indemnización a favor de las víctimas.

El letrado Freddy Castillo, expresó que el Ministerio Público, al oponerse a los bienes del empresario, busca evitar que se declare insolvente y evada la posibilidad de que los querellantes constituidos en parte civil puedan cobrar la indemnización en caso de una condena.

La Dirección de Persecución del Ministerio Público, interpuso una restricción sobre las empresas Inversiones E y L SRL y Jet Set Club, así como otras propiedades de Antonio Espaillat, como parte de la investigación que se realiza en relación con la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, que dejó 231 fallecidos y más de 100 heridos, el 8 de abril.

Antes de la restricción impuesta a las empresas de Espaillat, como parte de las diligencias de la investigación del Ministerio Público, las pesquisas se han centrado en el peritaje del techo del negocio para determinar su seguridad.

Posteriormente, el empresario Antonio Espaillat, dueño del Jet Set, envió una carta a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, donde se pone a disposición para colaborar en la investigación, tras lamentar el colapso de la infraestructura donde operaba el establecimiento.

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