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Pro-Competencia sugiere modificar el artículo 93 para mantener confidencial la asignación presupuestaria, impidiendo que su revelación facilite la coordinación anticompetitiva entre los oferentes.
Una delegación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), liderada por su presidenta, María Elena Vásquez Taveras, entregó a la Cámara de Diputados sus recomendaciones al “Proyecto de Ley General de Contrataciones Públicas”, reintroducido este año al órgano legislativo.
La delegación fue recibida por la comisión especial que estudia el proyecto, presidida por el diputado Gregorio Domínguez Domínguez, quienes escucharon los planteamientos y preguntaron sobre las observaciones del organismo.
Las sugerencias de Pro-Competencia buscan asegurar que el nuevo marco normativo de contrataciones públicas incorpore disposiciones que promuevan la libre competencia y protejan la libertad de empresa en beneficio de la eficiencia del mercado y el interés general.
En su intervención, la presidenta del Consejo Directivo de Pro-Competencia resaltó que la reforma al régimen de compras y contrataciones públicas representa una oportunidad trascendental para el fortalecimiento institucional, la modernización del Estado y la consolidación del Estado social y democrático de derecho en el país.
“El Proyecto de Ley General de Contrataciones Públicas que actualmente estudia el Congreso Nacional plantea una transformación normativa de gran alcance, orientada a asegurar procesos más eficientes, equitativos, transparentes y alineados con los principios constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por el país. Desde ProCompetencia, saludamos esta iniciativa como una vía estratégica para promover entornos económicos más abiertos y competitivos y para enriquecer este proyecto hemos presentado un informe de abogacía con recomendaciones específicas”, explicó Vásquez Taveras.
Propuestas de modificación
Pro-Competencia propone modificar el artículo 116 del referido proyecto, sobre exclusión por comprobación de prácticas prohibidas, para reconocer expresamente las prácticas colusorias tipificadas en la Ley 42-08 sobre la Defensa de la Competencia, así como el envío de estos casos a la institución para su investigación y sanción.
Esta modificación permitirá fortalecer la coordinación interinstitucional y establecer un marco claro para combatir conductas que distorsionan la competencia en las licitaciones públicas.
Respecto a la transparencia en la información de precios, Pro-Competencia recomienda modificar el artículo 93 para mantener bajo confidencialidad la apropiación presupuestaria, evitando que su divulgación facilite la coordinación anticompetitiva entre oferentes.
Esta medida, según recomendaciones de buenas prácticas emitidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), busca prevenir situaciones donde los competidores podrían utilizar esta información para coordinar sus ofertas y reducir así la competencia efectiva.
Para las fases de consulta previas a las licitaciones, la entidad propone modificar el artículo 96 para que los pliegos de condiciones preliminares excluyan información que pudiera facilitar acuerdos colusorios, y el artículo 103 para establecer que las reuniones técnicas sean preferentemente virtuales y con medidas que protejan la identidad de los oferentes. Estas salvaguardas son esenciales para mantener la independencia entre los oferentes y evitar comunicaciones que podrían derivar en prácticas anticompetitivas.
Siguiendo las buenas prácticas internacionales, Pro-Competencia propone también incorporar en el artículo 108 el requisito de presentar una Declaración Jurada sobre “Oferta Libre de Colusión” donde los oferentes certifiquen que sus propuestas han sido elaboradas independientemente y sin acuerdos anticompetitivos. Este documento servirá como herramienta preventiva y disuasoria frente a posibles comportamientos colusorios.
Beneficios esperados para el mercado y la sociedad
Las recomendaciones formuladas por Pro-Competencia buscan fortalecer la coordinación interinstitucional entre las autoridades de contratación pública y la autoridad de competencia, prevenir la colusión en licitaciones mediante controles ex ante efectivos, asegurar la transparencia sin comprometer la competencia efectiva, y establecer con claridad las responsabilidades institucionales en materia de vigilancia y sanción de prácticas anticompetitivas.
El Consejo Directivo de Pro-Competencia expresó su confianza en que estas propuestas técnicas contribuirán significativamente a la construcción de un marco normativo de contrataciones públicas que promueva la eficiencia, la innovación y la competitividad, generando valor para la ciudadanía y oportunidades para el sector empresarial dominicano.
Sobre la facultad de emitir opiniones técnicas
Como organismo del Estado dominicano responsable de promover y garantizar la existencia de la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de productos y servicios, en beneficio de los consumidores y usuarios, Pro-Competencia tiene la facultad de emitir informes de recomendaciones sobre proyectos de ley y otras normas que puedan tener incidencia sobre la competencia efectiva en los mercados.
Este ejercicio de abogacía de la competencia es fundamental para asegurar que las nuevas regulaciones incorporen desde su diseño principios que favorezcan la competencia y prevengan distorsiones en el mercado, contribuyendo así a la construcción de un marco normativo más sólido y eficiente.
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