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PHOENIX (AP) — El plan del gobierno del presidente Donald Trump de exigir con rigor a cualquier persona que se encuentre en Estados Unidos sin permiso legal que se registre ante el gobierno y lleve consigo documentos, genera temor a un aumento de la discriminación racial, incluso entre residentes legales, según afirman defensores de los derechos de los inmigrantes.
Para algunos, esto representa un regreso a un pasado no muy lejano en el que la insistencia de los departamentos de policía y otras agencias del orden público sobre la documentación obligó a los inmigrantes a la clandestinidad y aumentó la preocupación por la seguridad pública.
“Ya está sucediendo, hasta cierto punto… Considero que esto lo empeorará aún más, porque ¿cómo vas a saber quién es indocumentado?”, expresó José Patiño, vicepresidente de educación y asuntos externos de Aliento, una organización de defensa con sede en Arizona que brinda apoyo a inmigrantes sin documentación para residir legalmente. “Crea ambigüedad sobre cómo se va a aplicar e identificar a las personas que no están en el país (con permiso legal)”.
Un juez federal falló a favor de Trump a inicios de este mes en una demanda interpuesta por grupos de derechos de los inmigrantes, con relación a esta política, y el mandato entró en vigor el 11 de abril. Los funcionarios de Trump exponen que simplemente están aplicando un requisito que ha sido ley desde hace décadas.
“El gobierno de Trump cumplirá con todas nuestras leyes de inmigración. No seleccionaremos qué leyes aplicar”, declaró Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en el comunicado posterior al fallo. “Debemos saber quién está en nuestro país por la seguridad de nuestra patria y de todos los estadounidenses”. Según la ley federal, todas las personas mayores de 14 años sin estatus legal, deben autorregistrarse y facilitar sus huellas dactilares y una dirección. Los padres y tutores de cualquier persona menor de edad, deben asegurarse de que esté registrada. No hacerlo, se considera un delito, y la falta de documentos conlleva el riesgo de prisión y multas.
El mandato rara vez se hizo cumplir bajo los gobiernos anteriores. Para complicar más la situación, se han dado casos recientes de autoridades que han detenido incluso a personas nacidas en Estados Unidos, ya que la confusión se extiende también a otras políticas de inmigración federales y estatales.
Una aplicación de citas en línea utilizada por residentes temporales, ha enviado cancelaciones de permisos de trabajo desde finales de marzo, incluso a ciudadanos estadounidenses. Asimismo, un número creciente de estados con mayoría republicana se niega a reconocer las licencias de conducir estatales emitidas especialmente para inmigrantes que carecen de documentación para residir legalmente.
“Esto ha supuesto un cambio drástico en la forma en que interactuamos con nuestra comunidad”, enfatizó Martín Quezada, exlegislador estatal demócrata y abogado del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas de Arizona, durante una conferencia de prensa el viernes, para promover una protesta a favor de los derechos de los inmigrantes el 1 de mayo. “Creo que (el perfil racial) sin duda empezará a aumentar ahora. Pero, también, considero que lo extremo de todo lo que ha sucedido, va a crear cierta unidad”.
Guerline Jozef, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Haitian Bridge Alliance (Puente de Alianza Haitiano), informa que la catalogación racial ya se aplica de forma desproporcionada a los inmigrantes negros. El cambio repentino ha agravado la situación, y personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) o que se presentaban regularmente ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), han sido detenidas durante sus trayectos, agregó.
Denunció este calvario como una forma de “guerra psicológica”. Los migrantes a quienes se les otorgó la residencia legal temporal, no están seguros de si necesitan llevar consigo documentos en todo momento para protegerse.
“Es muy difícil incluso comunicarse con los miembros de la comunidad con respecto a qué hacer, y decirles que deben conocer sus derechos, pero que, de todos modos, ellos pisotean sus derechos”, expresó Jozef. “Estamos de vuelta en la era del ‘muéstrame tus papeles”.
El nuevo mandato evoca ocasiones anteriores en las que ciertos grupos debían portar documentación. Durante la época de la esclavitud en Estados Unidos, las personas negras liberadas debían tener “documentos de libertad”, de lo contrario, corrían el riesgo de ser reesclavizadas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses de origen japonés tuvieron que registrarse y mantener tarjetas de identidad, pero fueron recluidos en campos de encarcelamiento.
“Los estatutos actuales sobre el registro, han estado inactivos durante 85 años”, explicó Lynn Marcus, directora de clínicas de derecho migratorio de la Facultad de Derecho James E. Rogers de la Universidad de Arizona. “No existían formularios para cumplir con este requisito. Originalmente, se creó en tiempos de guerra”.
El renovado y estricto requisito de registro obliga a los ciudadanos estadounidenses a portar certificados de nacimiento u otra prueba de ciudadanía en todo momento, “especialmente si tienen ‘apariencia extranjera'”, puntualizó Marcus.
Las personas con residencia válida o visa, podrían ser objeto de perfil racial con base en factores diferentes a sus características físicas.
“Supongamos que las fuerzas del orden se encuentran con alguien en otra circunstancia — quizás, cuando denuncian un delito — “, dijo Marcus. “Podrían no estar satisfechos con las respuestas, si no pueden comunicarse porque no todos los ciudadanos estadounidenses hablan inglés con fluidez”.
Eileen Díaz McConnell, profesora de la Facultad de Estudios Transfronterizos de la Universidad Estatal de Arizona, resaltó los efectos de una ley de Arizona de 2010 que exige que todos los inmigrantes obtengan o porten documentos de registro migratorio.
En 2012, el Departamento de Justicia demandó al estado por esa ley, y la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el requisito de documentación, pero los dos años en los que el requisito estuvo vigente, fueron una época traumática para las familias latinas del estado, afirmó Díaz McConnell.
“Los padres no viajaban juntos en auto. Siempre estaban separados por temor a que los detuvieran”, refirió Díaz McConnell. “La gente no sale de casa”.
Ella ha realizado una extensa investigación sobre cómo las políticas de inmigración pueden afectar la salud mental de los hogares mixtos, con familiares nacidos en Estados Unidos y otros que son indocumentados.
“En años anteriores, los niños reportan, incluso si nacieron en Estados Unidos, daños reales: impactos en su propia calidad de sueño, preocupación, falta de apetito y depresión”, añadió Díaz McConnell. “Habrá gente que dirá cosas como: ‘Bueno, si no eres indocumentado, ¿de qué te preocupas?'”.
Patiño, cuyos padres indocumentados lo trajeron a Estados Unidos cuando tenía 6 años, está acostumbrado a llevar papeles como beneficiario de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Sabe que otras personas sin estatus especial, están ahora en pánico. La madre soltera de uno de sus ex-pasantes nacido en Estados Unidos, ha dejado de ir a la tienda de comestibles, a la iglesia y a otros lugares, porque carece de documentación.
“Es como si le tuviera miedo a su sombra, o, incluso, de salir a tirar la basura”, informó.
Las personas que cruzaron la frontera sin documentos, están especialmente inseguras sobre si registrarse tras la detención o deportación de estudiantes internacionales y otras personas que ahora son detenidas o deportadas a pesar de tener visas o audiencias judiciales pendientes.
“Le estás pidiendo a las personas que salgan de las sombras y se inscriban en un sistema, del que la mayoría probablemente no ha oído hablar”, dijo Patiño. “Parece que el gobierno intenta crear una trampa burocrática con la gente: estás en problemas si lo haces; estás en problemas si no lo haces”.
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