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Texas avanza en limitaciones a la compra de comida «basura» con vales de alimentos

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Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.

HOUSTON – En sintonía con la iniciativa «Making America Healthy Again» promovida por la administración del presidente Trump, el Senado de Texas dio el visto bueno el martes al proyecto de ley SB 379, presentado por el Senador Mayes Middleton, que busca excluir la comida basura y las bebidas azucaradas del programa de asistencia nutricional SNAP, conocido comúnmente como cupones de alimentos.

La propuesta, que ahora pasa a consideración de la Cámara de Representantes del estado de Texas, prohibiría específicamente el uso de los beneficios SNAP para la compra de bebidas energéticas, refrescos, golosinas, patatas fritas, nachos de maíz y galletas empaquetadas listas para consumir.

«Este proyecto ayuda a asegurar que los cupones de alimentos no puedan ser usados para comprar comida chatarra y bebidas azucaradas que sabemos son perjudiciales y están enfermando a los texanos», declaró el Senador Middleton después de la aprobación.

«Según el USDA, el 20% de los gastos alimenticios en hogares beneficiarios de SNAP se destinan a bebidas azucaradas, postres, snacks salados y dulces. Notablemente, solo las bebidas azucaradas representan el 9.3% de estos gastos», añadió.

Por otra parte, el senador también denunció, durante el debate de este proyecto, que «empresas refresqueras están pagando a influencers en línea para oponerse a este proyecto y mantener a los estadounidenses enfermos».

La legislación contempla varios puntos como los productos lácteos, sustitutos de la leche, bebidas para bebés, jugos sin azúcar añadido, productos recomendados por profesionales de la salud y otros alimentos con proteínas o fortificados con vitaminas y minerales.

«La comida chatarra financiada por los contribuyentes se convierte en atención médica financiada por los contribuyentes», argumentó el Senador Republicano Middleton.

De ser aprobada, la ley entraría en vigor el 1 de septiembre de 2025, aunque las agencias estatales podrían solicitar exenciones federales si fueran necesarias para su implementación.

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