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Washington (EFE).- Un juez federal inició este miércoles el proceso para declarar en desacato al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por desatender una orden judicial y haber enviado a más de 200 migrantes, principalmente venezolanos, a la megacárcel en El Salvador.
En una resolución de más de 40 páginas, el magistrado James Boasberg acusa al Ejecutivo de haber ignorado con “total desprecio” una orden judicial que le exigía frenar el envío de los migrantes al país centroamericano.
“La Constitución no permite la desobediencia deliberada de las órdenes judiciales, sobre todo por parte de funcionarios que han jurado acatarla”, redactó.
Permitir al Gobierno “anular” los fallos de los tribunales, añadió Boasberg, “convertiría en una burla solemne a la propia Constitución”.
La campaña lanzada por Trump contra migrantes
Trump invocó el pasado 14 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para expulsar a cientos de venezolanos a quienes acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
Un día después de invocar la ley, Boasberg bloqueó su uso justo en el momento en que dos aviones se dirigían a Centroamérica con los migrantes y ordenó el regreso de esos vuelos.
Los aviones no retrocedieron y aterrizaron en El Salvador, desatando una batalla legal sin precedentes en la que incluso Trump insinuó llevar a juicio político al magistrado.
El envío de migrantes hacia El Salvador ha provocado una serie de demandas al Gobierno de Trump y el rechazo por parte de organismos internacionales.
Un polémico trato con El Salvador
La ONG Human Rights Watch, en un informe publicado la semana pasada, acusó a EE.UU. y El Salvador de someter a estas personas a una “desaparición forzada”.
La Administración de Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y MS-13, calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas.
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