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Washington. Más de 100 universidades y otros centros de enseñanza estadounidenses condenaron ayer 22 de abril, la “injerencia política” de Donald Trump en el sistema educativo, mediante una carta conjunta.
La misiva fue divulgada un día después de que la universidad de Harvard demandara al gobierno de Trump, que amenazó a esa institución con recortarle financiación e imponerle una supervisión política externa.
“Hablamos con una sola voz contra la intervención gubernamental sin precedentes y la intromisión política que ponen en peligro la educación superior”, señala la carta.
“Estamos abiertos a reformas constructivas y no nos oponemos a la supervisión legítima del gobierno. Sin embargo, debemos oponernos a la intrusión indebida del gobierno”, indicaron, y agregaron: “Debemos rechazar el uso coercitivo de fondos públicos para la investigación”.
Trump ha intentado someter a varias universidades prestigiosas, a las que acusa de tolerar el antisemitismo en sus campus, y amenazó sus presupuestos y su estatus de exención de impuestos.
Varias instituciones importantes, incluida la universidad de Columbia, han cedido a las exigencias de Donald Trump, que afirma que la élite educativa es demasiado izquierdista.
En el caso de Harvard, la Casa Blanca busca niveles de control gubernamental sin precedentes sobre el funcionamiento interno de la universidad.
Cobranza
El Departamento de Educación de Estados Unidos reanudará la recaudación “involuntaria” de préstamos federales estudiantiles en mora a partir del 5 de mayo, tras una pausa durante la era Covid.
Más de cinco millones de personas están actualmente en incumplimiento de pago, según un comunicado emitido el lunes por esa secretaría. Los préstamos estudiantiles federales entran en incumplimiento si no se realiza un pago en 270 días.
Como parte de la medida, el departamento reiniciará el Programa de Compensación del Tesoro, que recauda deudas pendientes a partir de devoluciones de impuestos y beneficios gubernamentales.
“Los contribuyentes estadounidenses ya no se verán obligados a servir como garantía para políticas irresponsables de préstamos estudiantiles”, dijo la secretaria de Educación, Linda McMahon. Durante el verano el departamento también comenzará a embargar los salarios de las personas deudoras.
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