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El Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., reorganizó la agencia en marzo, eliminando más de 10,000 puestos de trabajo y reduciendo 28 agencias bajo el amplio ámbito del HHS a 15, según informaron los fiscales generales.
Fiscales generales de 19 estados y Washington, D.C., impugnaron los recortes al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), argumentando que la reestructuración masiva de la administración Trump ha destruido programas vitales y ha dejado a los estados la carga de afrontar crecientes crisis de salud.
La demanda fue presentada en un tribunal federal en Rhode Island, declaró la fiscal general estatal de Nueva York, Letitia James. Los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Michigan, Maryland, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia se unieron a la queja.
El Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., reestructuró la agencia en marzo, eliminando más de 10,000 empleos y reduciendo 28 agencias bajo la cobertura del HHS a 15, informaron los fiscales generales. Según la demanda, otros 10,000 empleados ya habían sido despedidos por la administración del presidente Donald Trump, y en conjunto, los recortes despojaron al 25% de la fuerza laboral del HHS.
“En sus primeros tres meses, el secretario Kennedy y esta administración privaron al HHS de los recursos necesarios para realizar su trabajo”, escribieron los fiscales generales.
Kennedy ha declarado que busca simplificar las agencias de salud pública del país y reducir redundancias entre ellas con los despidos. Los recortes se llevaron a cabo como parte de una directiva que la administración ha denominado “Hacer a América Saludable de Nuevo”.
El HHS es una de las agencias federales más costosas del gobierno, con un presupuesto anual de aproximadamente 1.7 billones de dólares que se gastan principalmente en cobertura de salud para millones de personas inscritas en Medicare y Medicaid.
James, quien lidera la demanda, calificó la reestructuración como un “ataque amplio e ilegal” que pondría en peligro vidas.
“Esto no es reforma gubernamental. Esto no es eficiencia”, expresó James durante una conferencia de prensa el lunes.
Los recortes han dejado a los laboratorios con pruebas limitadas para algunas enfermedades infecciosas; no se está dando seguimiento a estudios sobre cáncer; los programas de aprendizaje infantil no tienen certeza sobre fondos futuros y se han cerrado programas de salud materna, dicen los fiscales generales. Los recortes en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) también han dificultado la capacidad de los estados para responder a uno de los brotes de sarampión más grandes en años recientes, señala la demanda.
“Este caos y abandono de las funciones centrales del departamento no fue un efecto secundario no intencionado, sino más bien el resultado intencionado”, de la “Directiva MAHA”, indicaron, refiriéndose a las siglas en inglés del lema “Hacer a América Saludable de Nuevo”. Quieren que un juez anule la directiva porque dicen que la administración no puede eliminar unilateralmente programas y fondos que han sido creados por el Congreso.
La reestructuración eliminó a todo el equipo de personas que mantienen las directrices federales de pobreza utilizadas por los estados para determinar si los residentes son elegibles para Medicaid, asistencia nutricional y otros programas. Una agencia de prevención del tabaco fue desmantelada. La pérdida de personal también fue significativa en la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias.
La administración Trump ya enfrenta otros desafíos legales por los recortes aplicados a agencias de salud pública y organizaciones de investigación. Una coalición de 23 estados presentó una demanda federal en Rhode Island el mes pasado por la decisión de la administración de recortar 11,000 millones de dólares en fondos federales para iniciativas de COVID-19 y varios proyectos de salud pública en todo el país.
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