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Los Ángeles. Defensores de inmigrantes intensificaron este jueves los llamamientos a los funcionarios electos para que intervengan a favor de una niña mexicana de cuatro años que recibe tratamiento crucial en Estados Unidos y se enfrenta a la deportación junto con su familia.
Sofía, como ha sido identificada la pequeña por los abogados de Public Counsel, padece del síndrome del intestino corto, una condición potencialmente fatal que impide que su cuerpo absorba suficientes nutrientes, la cual no pudo ser tratada con éxito en México.
La niña y sus padres pudieron ingresar a Estados Unidos en julio de 2023 gracias a un permiso de entrada humanitaria de emergencia para que ella recibiera el tratamiento médico en el Hospital Infantil de Los Ángeles, uno de los pocos en el país que trata esta afección en niños pequeños.
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Sin embargo, el pasado abril, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) informó a sus padres que el permiso había sido revocado y debían abandonar el país.
A la madre de Sofía, Deysi Vargas, también se le notificó que su permiso de trabajo fue cancelado, lo que significa que la familia no tiene recursos para pagar las facturas médicas y el constante desplazamiento desde Bakersfield (California), donde residen, hasta Los Ángeles.
“Quitarle la atención médica que le salvó la vida y obligarla a regresar a un lugar donde podría morir en cuestión de días es una cruel traición a la palabra de nuestra nación y una afrenta a nuestra humanidad compartida”, dijo Rebecca Brown, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de Public Counsel y abogada de la familia en un comunicado.
Las posibilidades de que Sofía reciba la atención que necesita en México son prácticamente “imposibles”, han señalado los abogados.
Los médicos del Hospital Infantil de Los Ángeles han declarado que Sofía moriría en cuestión de días sin su tratamiento actual.
Vargas pidió con todo su corazón a las autoridades de inmigración estadounidenses que consideren “de todo corazón” el caso de Sofía y le permitan quedarse en el país.
Public Counsel se ha puesto en contacto con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés), miembros del Congreso y legisladores locales con la esperanza de que Sofía siga con vida y en Estados Unidos.
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“Esperamos que el Gobierno estadounidense restablezca nuestra libertad condicional para que mi hija pueda recibir la atención que necesita”, insistió Vargas.
Por su parte, Brown destacó que los inmigrantes vienen a este país por razones “reales”, una crítica a la postura de la Casa Blanca de que la mayoría de las personas que llegaron por la frontera sur de Estados Unidos en los últimos cuatro años no tienen casos válidos.
“El caso de Sofía es un claro recordatorio de que debemos considerar la situación de cada persona individualmente, a menos que, como nación, nos sintamos cómodos condenando a nuestros semejantes a muerte y tortura dejando las decisiones en manos de procesos burocráticos indiferentes”, sentenció Brown.
