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Los bloques de diputados opositores presentaron una resolución en la que solicitan a la Cámara de Diputados interpelar a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, por supuestas vulneraciones a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución dominicana.
Los bloques de los partidos Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD) y PRD-PQDC, entienden que tanto Raful como Guzmán Peralta se han excedido en sus funciones con el cierre de establecimientos comerciales.
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Rafael Castillo, vocero del bloque de diputados de la FP, considera que los funcionarios mencionados deberán presentarse ante la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre sus acciones contra los ciudadanos y el descontrol de la Policía Nacional en las calles.
Por su parte, Gustavo Sánchez, vocero del bloque de diputados del PLD, proponente de la iniciativa, especifica que la Constitución faculta a los legisladores para fiscalizar a los funcionarios del Estado a fin de que rindan cuentas ante el Congreso Nacional sobre sus acciones.
En este caso, puntualiza, en lo que concierne a la transgresión de derechos fundamentales, como el de irrumpir en lugares privados sin una orden judicial de manera reiterada.
Subraya que ante una situación como la descrita y la recurrencia de la ministra de Interior y Policía, quien se cree con poderes para violar la Ley y la Constitución, la invitan a la CD para que responda ante la sociedad dominicana y las violaciones no queden impunes.
“Nosotros, la oposición, interpretamos la voluntad del pueblo dominicano de que se respeten sus derechos en un régimen democrático y de derechos”, explicó Sánchez.
El diputado Ramón Raposo, del bloque de diputados PRD-PQDC, afirma que en la actualidad la sociedad se enfrenta a una ministra intolerante como si se viviera en un régimen de dictadura, cuando se supone que se está en democracia.
En la resolución presentada ante la Secretaría General de la CD, los legisladores recuerdan que vivimos en un Estado social y democrático de derecho, consagrado en el artículo 7 de la Constitución de la República.
