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Redacción. Defensores de los inmigrantes criticaron este viernes la determinación del Tribunal Supremo de EE.UU. de dar luz verde al Gobierno de Trump para finalizar la protección legal temporal para más de medio millón de inmigrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, catalogando el fallo como “la mayor deslegalización” migratoria en la historia reciente del país.
La máxima instancia judicial estadounidense invalidó una orden temporal de una jueza federal que consideró que la Casa Blanca no podía anular el llamado “parole humanitario” concedido por la Administración de Joe Biden (2021-2025), que permitía a estas 532,000 personas vivir y trabajar de forma provisional en EE. UU.
No obstante, la resolución del Supremo de hoy es provisional y el litigio legal deberá continuar en un juzgado federal de Massachusetts.
En febrero pasado las organizaciones Justice Action Center y Human Rights First interpusieron una demanda en nombre de los beneficiarios del programa conocido como CHNV y sus patrocinadores, junto con la organización Haitian Bridge Alliance, para frenar la decisión de Trump de poner fin al beneficio.
La decisión de hoy representa “la mayor deslegalización de esta índole en la era moderna”, declaró este viernes en un comunicado Karen Tumlin, directora de Justice Action Center.
“La Corte Suprema ha permitido que la Administración Trump desate un caos generalizado, no solo para nuestros representados y los miembros de la demanda colectiva, sino también para sus familias, sus lugares de trabajo y sus comunidades”, agregó la activista.
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Por su parte, Guerline Jozef, directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance, resaltó que la población perjudicada, mayoritariamente residente del sur de Florida, ha hecho todo lo que el Gobierno federal de EE. UU. les ha exigido, ya que ingresaron legalmente al país con un permiso de estancia legal de dos años.
El exmandatario Biden empleó el poder del Ejecutivo para facilitar la inmigración legal de ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, entre las nacionalidades con mayor afluencia entonces en las llegadas irregulares a la frontera sur con México.
Sin embargo, al final de su mandato anunció que no prolongaría los permisos de estancia, lo que habría influido para inclinar la balanza a favor de Trump en la resolución del Supremo.
Anwen Hughes, directora de Estrategia Legal de Programas para Refugiados de Human Rights First, alertó que la postura de los demandantes sigue siendo la misma: “la Administración Trump está actuando de forma arbitraria e ilegal para intentar revocar masivamente el estatus legal de medio millón de personas, y no lo toleraremos”, por lo que se seguirá adelante con la demanda.
La de hoy es la segunda sentencia del Supremo que afecta a los venezolanos tras autorizar hace 10 días a Trump el retiro del Estatus de Protección Temporal (TPS) a unos 350,000 inmigrantes de esa nación.
