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Washington, D.C.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha divulgado un listado detallado de jurisdicciones “santuario”, que incluye urbes, condados y estados, a las que la Casa Blanca acusa de obstaculizar intencionadamente la aplicación de las leyes migratorias al no cooperar con las autoridades federales. El gobierno de Donald Trump busca sancionar a estas entidades.
El listado abarca a 36 de los 50 estados del país. California lidera la lista con el mayor número de ciudades y condados que aplican políticas santuario, restringiendo la colaboración de sus policías locales con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Illinois y Colorado también se encuentran entre los estados con más gobiernos locales que han promulgado leyes para amparar a los inmigrantes indocumentados.
El DHS explicó que la publicación de esta lista es consecuencia de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 28 de abril. Dicha orden encomienda a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y a la fiscal general, Pam Bondi, a identificar y denunciar públicamente a las jurisdicciones que se niegan a colaborar con las autoridades federales de inmigración.
Kristi Noem avisó, a través de un comunicado, que cada jurisdicción incluida en la lista recibirá una notificación oficial sobre su incumplimiento y sobre las posibles transgresiones de las leyes penales federales.
La mayoría de los estados, condados y ciudades que se han autoproclamado santuario para migrantes han alegado la falta de recursos económicos como razón primordial para no colaborar de lleno con las detenciones de agentes del ICE.
No obstante, el DHS ha demandado a estas jurisdicciones que “revisen y modifiquen sin demora sus políticas” para que se ajusten a la postura de la administración Trump, que ha emprendido una campaña para aumentar sus arrestos y deportaciones.
Esta no es la primera vez que la administración Trump emprende acciones contra las jurisdicciones santuario. En su primer mandato, bloqueó fondos federales a estas ciudades, condados y estados, pero la mayoría de esos esfuerzos fueron impugnados y perdidos en los tribunales. La publicación de esta nueva lista y las amenazas de penalización sugieren una reactivación de esta confrontación legal y política.
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