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Washington.- El Gobierno del presidente Donald Trump presentó este jueves una solicitud de emergencia ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, requiriéndole que le permita poner fin a un programa migratorio que otorga estatus legal en el país a más de medio millón de venezolanos.
Específicamente, los abogados del Ejecutivo solicitan al Supremo que anule una orden de un juez de instancia inferior en California que se opone a la decisión de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes de este país sudamericano.
En el documento legal, la Administración argumenta que el TPS para Venezuela contradice el “interés nacional” de EE.UU. y que el poder Judicial no tiene la autoridad para decidir sobre asuntos de política migratoria “urgentes”.
El TPS es un programa migratorio administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que concede estatus migratorio a personas de países que enfrentan situaciones humanitarias graves o desastres naturales.
Poco después de asumir el poder en enero, el Gobierno de Trump decidió terminar con el TPS para los venezolanos y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, calificó a los beneficiarios de este programa como “desafortunados” y criminales.
A finales de marzo, un juez federal en California decidió bloquear el intento del Ejecutivo de cancelar el TPS, argumentando que la decisión causa un “daño irreparable” a los miles de migrantes que se han acogido al programa y a sus familias.
Bajo la Administración de Joe Biden (2021-2025), el secretario de Seguridad Nacional (DHS) decidió extender este beneficio a los venezolanos, argumentando que el país atraviesa una “emergencia humanitaria” provocada por una crisis política y económica.
La decisión fue celebrada entonces por varios legisladores del partido de Trump, incluyendo al entonces senador Marco Rubio, ahora secretario de Estado.
Durante años, y especialmente durante el primer mandato del republicano (2017-2021), los políticos conservadores en EE.UU. abanderaron la causa venezolana, presionando para que se impusieran sanciones económicas y se extendieran beneficios migratorios a las personas que han huido del país, en la que es ahora la mayor diáspora del continente.
El cambio de rumbo del Gobierno de Trump, que ha ido tras los venezolanos en EE.UU., vinculándolos con la banda criminal transnacional Tren de Aragua, ha generado críticas entre activistas venezolanos en EE.UU.
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