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“Aseguramos el respeto a los derechos humanos y el acceso a servicios esenciales, particularmente en situaciones de emergencia, tal como lo dispone la ley”.En un comunicado de prensa, Carmen Mateo, directora del Hospital de Engombe, aseguró que el centro de salud cumple con los protocolos gubernamentales para la atención a inmigrantes, especialmente en lo que respecta al cobro por los servicios médicos.
Según explicó la funcionaria, el hospital actúa en estricta conformidad con la normativa vigente del Ministerio de Salud Pública y del Servicio Nacional de Salud (SNS), que regula la atención médica tanto a ciudadanos dominicanos como a extranjeros.
“Garantizamos el respeto a los derechos humanos y el acceso a servicios esenciales, especialmente en situaciones de emergencia, tal como lo establece la ley”, afirmó Mateo.
De acuerdo con la directora del centro, el Hospital de Engombe ha adoptado las disposiciones oficiales que incluyen la solicitud de documentación e identificación a los pacientes extranjeros, así como el cobro de medicamentos, insumos y materiales desechables utilizados en su atención. Todo esto, según el tarifario estipulado por el SNS.
Según el comunicado, entre el 24 de abril y el 11 de mayo de este año, el hospital facturó un total de 254,500 pesos dominicanos por concepto de servicios médicos ofrecidos a pacientes extranjeros indocumentados, en cumplimiento con los criterios establecidos por las autoridades sanitarias.
Mateo subrayó que esta cifra refleja la aplicación de las disposiciones vigentes, sin que en ningún caso se haya denegado atención médica por motivos migratorios o de nacionalidad.
Finalmente, reiteró el compromiso del Hospital de Engombe con la transparencia, la legalidad y la prestación de una atención digna y oportuna para todos los pacientes, dentro del marco regulatorio del sistema público de salud.
A pesar de estas declaraciones, en una visita realizada por el LISTÍN DIARIO el pasado lunes 12 de mayo, algunos pacientes extranjeros indocumentados y con documentos en regla dijeron que no se les cobra los insumos suministrados.
Estos aseguraron que tanto antes como después de haber adoptado la decisión no se les cobra nada.
“Yo vengo al hospital, me revisan la presión y tengo otras consultas médicas; yo no puedo decir nada, porque a mí no me cobran nada”, fueron las palabras de Manuela Alicien, una haitiana de 53 años.
Alicien reside en el país desde que cumplió la mayoría de edad, según las leyes dominicanas. Cuenta que, a pesar de tener sus documentos al día, con frecuencia las autoridades la llevan a las oficinas migratorias.
Como prueba, mostró a reporteros de este diario su pasaporte, cédula y otros documentos que acreditan su legalidad en el país.
Indicó que tiene tres hijos y nueve nietos, quienes también son atendidos con regularidad en ese centro de salud.
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