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Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, y Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, coincidieron en que se ha intensificado la presencia de inmigrantes haitianos en situación irregular en el país, y que el tráfico de estos indocumentados constituye un atentado contra la patria.
Gómez Ramírez consideró crucial establecer sanciones categóricas y ejemplares contra toda persona que atente contra la integridad de nuestro territorio, poniendo en riesgo nuestra soberanía y los intereses de la nación.
“Realmente, el tráfico de indocumentados involucra graves actos de corrupción y es un crimen de lesa patria; por lo tanto, amerita un régimen legal especial capaz de producir el necesario efecto disuasorio mediante una sanción efectiva”, declaró.
“El proyecto del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, responde a la preocupación que embarga a la mayoría del pueblo dominicano, y este pueblo anhela que cese definitivamente esta actividad, la corrupción fronteriza que implica el tráfico de indocumentados hacia nuestro territorio”, afirmó.
Añadió que “esperamos que esta pieza sea objeto de un rápido estudio, ponderación, perfeccionamiento y aprobación por parte del Congreso Nacional”.
Por su parte, Castaños Guzmán lamentó que en el tráfico de personas siempre haya individuos vinculados al Estado.
Consideró que todo aquel que se sienta dominicano “estará totalmente de acuerdo con la propuesta del senador Omar Fernández. Es cierto que contamos con una ley de trata y tráfico de personas, y también con la ley de migración que penaliza esas prácticas, pero parecería que no ha sido suficiente, y en esta ocasión estamos hablando de delitos que atentan no solo contra la seguridad, ya que se está traficando con personas, sino también contra la Patria”.
“Entonces, en esta coyuntura, una propuesta de esta naturaleza creo que todo aquel que se sienta dominicano la apoyará, porque se dan situaciones como esa donde hay personas vinculadas al Estado en hechos de esa índole, y lo que se procura precisamente es aumentar las penas a quienes estén relacionados con estas prácticas”, sostuvo.
“No creo que solo Finjus la apoye, pienso que todo el país, en una coyuntura como esta donde la inmigración ilegal y el tráfico de inmigrantes haitianos han ido en aumento, así lo percibe la sociedad”, señaló.
El senador de la Fuerza del Pueblo por el Distrito Nacional, Omar Fernández, propuso modificar un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, que endurece las penas contra quienes trafican con migrantes, con el objetivo de impedir de por vida que cualquier funcionario implicado en el tráfico ilícito de migrantes ocupe cargos públicos.
El proyecto fue remitido a la comisión encargada de estudiar el proyecto para analizar la inclusión de la iniciativa.
El congresista que representa al Distrito Nacional en la Cámara Alta argumentó que quien se aprovecha de una posición de confianza otorgada por el pueblo para atentar contra la soberanía, no debe ser recompensado con el servicio público.
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