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En una reunión extraordinaria con fiscales de todo el país y representantes de diversas áreas especializadas, Reynoso informó que, en ciertos casos, una sola persona tiene más de 300 multas impagas, que vencen bajo la legislación actual. Por lo tanto, consideró imperativo fortalecer la legislación para que las multas sean un crédito a favor del Estado y su impago genere mora sin que prescriban.
La magistrada señaló que solo el 35 % de las multas de tráfico se cobran a nivel nacional, lo que, en su opinión, anima a algunos conductores a ignorar las normas de tránsito y compromete la seguridad vial.
Otro punto abordado en el encuentro fue la necesidad de ejecutar las garantías económicas contra los procesados declarados en rebeldía. Reynoso insistió en que, al solicitar a un tribunal la declaratoria de rebeldía, se debe culminar el proceso con la ejecución inmediata de la garantía económica.
La reunión, que tuvo lugar en la Procuraduría General de la República, congregó a los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, procuradores adjuntos, fiscales, abogados del Estado y responsables de direcciones especializadas. Reynoso resaltó que el objetivo es definir una planificación estratégica enfocada en resultados de excelencia, reforzando el papel del Ministerio Público dentro del Estado de derecho.
Representantes de áreas como tecnología, gestión humana, planificación y finanzas presentaron sus proyectos para optimizar la labor de la institución. Reynoso enfatizó que el encuentro permitió consolidar experiencias y perspectivas clave para seguir mejorando la administración de justicia en el país.
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