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Santo Domingo. – Debido a lo polémico y a que a su entender está lleno de “imprecisiones e inconsistencias”, el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Digitales, debe ser retirado del Congreso, según Oscar López Reyes, ex presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), quien asegura que el mismo no debe ser aprobado con prisa.
Igualmente opina que las instituciones que han participado en las discusiones lo han hecho de manera individual, sin consultar a representantes de filiales a nivel nacional y en el exterior como ocurrió con el CDP y las escuelas de comunicación social.
“Este proyecto merece ser retirado y crear 12 comisiones con subcomisiones que comiencen una discusión serena, amplia y democrática; en el Código Jurídico de la Comunicación que propongo señalo que debe haber una ley exclusiva para el periodismo digital”, puntualizó López Reyes, profesor y director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad O&M.
Destacó que la comunicación ha tenido un crecimiento tan grande, que especificar un trozo de ley por un lado y por otro, va a crear confusión y no hay necesidad de apresuramiento.
Versiones distintas ofrecen los periodistas Oscar Peña y Anthony Pérez, directores de las escuelas de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y la Escuela Dominicana de Comunicación Oral (Edoco), respectivamente.
“Creo que la regulación de los medios audiovisuales debe prevalecer dentro del proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Digitales, porque es el resultado de un consenso con los diversos sectores de la sociedad dominicana”, expresó Oscar Peña.
Significó además, que la misma viene a superar una ley que ya resulta anticuada, porque data de 1962, cuando Internet no estaba al servicio de la sociedad, lo que sí entiende es que la legislación que surja de esta discusión tiene que ser el resultado del consenso, donde todo el mundo tenga la oportunidad de defender sus intereses y puntos de vista.
“Asimismo, somos partidarios de que el Instituto Nacional de la Comunicación (Inacom) sea un organismo autónomo, para que mantenga el espíritu de independencia plena en las tomas de decisiones”, comentó Peña.
Anthony Pérez, director de Edoco dijo estar “totalmente de acuerdo” en que se modifique la ley 61-32, pero más que eso cree que se debe ya hablar de un código de la comunicación.
“Además de la ley 6132, tenemos el reglamento 824 que regula otra parte de la labor en los medios de comunicación que es obsoleta y anticuada también. Tenemos la ley que crea Indotel, la que regula la tenencia de las emisoras de radio y la administración de esos medios”, comentó.
Aboga por que haya un código o regulación bastante amplio y efectivo y que esté sujeto, por supuesto, a revisión constante porque como los procesos de cambios tecnológicos avanzan, hay que ir a la par con ellos.
“Hay que delimitar cuáles son los deberes y derechos, porque los medios de comunicación influyen demasiado en la forma de pensar, de sentir y de actuar. O sea, la idiosincrasia de las personas y de la sociedad misma está muy determinada por los mensajes que se comunican a través de los medios de comunicación de masas”, significó Pérez.
Dio una mirada a las tantas situaciones de violencia e incomprensión que vive la sociedad, que tienen su base, muchas veces en los mensajes que se reciben sin ningún tipo de censura a través de los medios de comunicación de masas.
Dijo ser partidario de que se regule efectivamente, y más que una ley se cree un código; en el caso específico que nos compete de la ley 6132 anticuada, insistió en que hay que hacer un esfuerzo por legislar en torno a este tema de la libre presión del pensamiento.
Puso de relieve que no se puede permitir que todo el mundo difunda mentiras y falsedades, falacias, destruir honras en los medios, influyendo negativamente en la sociedad y en particular en los niños.
Se recuerda que la modificación de proyecto se introdujo el pasado año por parte del Gobierno a través de una comisión consultiva, con el fin de regular el contenido en los medios, suprimir la Ley 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, y eliminar la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.
La iniciativa abarca los Medios Audiovisuales y Plataformas Digitales. Este último aspecto ha creado gran revuelo, debido al alcance que registran estos, y el interés de muchos “influencers” de monetizar sus contenidos, sin importar en ocasiones el dañar reputaciones de personalidades y funcionarios públicos sin medir consecuencias.
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