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(Washington D. C.) – La Asamblea Legislativa de El Salvador avaló una Ley de Agentes Extranjeros que confiere al gobierno del presidente Nayib Bukele amplias potestades para supervisar, penalizar y clausurar organizaciones tachadas como “agentes extranjeros”, informó hoy Human Rights Watch.
El 20 de mayo de 2025, la Asamblea Legislativa, dominada por el partido Nuevas Ideas de Bukele, sancionó la ley casi sin debate ni consulta pública. La ley obliga a las personas naturales o jurídicas que reciben fondos del exterior a inscribirse como “agentes extranjeros” en un Registro de Agentes Extranjeros, a cargo del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. La ley, que busca fomentar la “transparencia”, en la práctica otorga al gobierno una amplia capacidad para controlar, estigmatizar y sancionar a las organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes que reciben apoyo internacional.
“No hay duda de que la Ley de Agentes Extranjeros pretende silenciar a quienes denuncian la corrupción, las violaciones de derechos humanos y las negociaciones secretas entre los líderes de las pandillas y el gobierno de Bukele”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Estigmatizar a las organizaciones de la sociedad civil como agentes extranjeros, aplicarles impuestos asfixiantes y otorgar enormes poderes a un registro gubernamental no ayuda a mejorar la transparencia; solo reprime el disenso”.
La ley define como un agente extranjero a cualquier persona natural o jurídica que “responda a intereses, sea controlada o financiada, directa o indirectamente por un mandante extranjero”. Asimismo, define a un “mandante extranjero” en términos amplios como cualquier persona u organización de un país extranjero, incluyendo gobiernos, partidos políticos y organizaciones, así como “personas que el Registro de Agentes Extranjeros determine que están incluidas en la calidad de mandante extranjero”.
Aquellas personas naturales o jurídicas que no se registren se enfrentan a sanciones, incluyendo multas y la “suspensión o cancelación de su personería jurídica”. La ley también establece un impuesto del 30 % sobre toda financiación extranjera, incluyendo donaciones, pagos u otros conceptos.
La ley prohíbe a los agentes extranjeros registrados participar en “actividades para fines políticos u otros” que tengan el “objetivo” de “alterar al orden público” o “amenacen la estabilidad social y política del país”. También prohíbe las donaciones anónimas y exige una aprobación previa para modificar el uso de los recursos.
Las organizaciones que reciban fondos extranjeros estarían obligadas a emplear una “etiqueta” en sus materiales que indique que la información que difunden es “transmitida en nombre de un mandante extranjero” o “financiada” por extranjeros.
La ley también concede al poder ejecutivo una amplia potestad para aprobar disposiciones legales para regular la ley y permite al Ministerio de Gobierno eximir de estos requerimientos a organizaciones específicas.
La Ley de Agentes Extranjeros viola las obligaciones de El Salvador en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que protegen la libertad de expresión y asociación. Cualquier restricción de estos derechos debe ser necesaria y proporcionada para logar un fin legítimo y estar claramente definida.
Human Rights Watch ha documentado que otros países, como Rusia y Nicaragua, han empleado leyes de “agentes extranjeros” como herramienta para controlar, silenciar y estigmatizar a la sociedad civil y los medios de comunicación independientes.
En 2024, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que la ley rusa sobre agentes extranjeros infringía el derecho a las libertades de expresión y asociación. El Tribunal consideró que “el requisito de utilizar la etiqueta estigmatizadora y engañosa de ‘agente extranjero’ en las comunicaciones públicas” creaba un “ambiente de autoestigmatización forzada”. También sostuvo que la legislación rusa “lleva una impronta propia de regímenes totalitarios”.
El Parlamento Europeo ha condenado la ley rusa por considerarla una herramienta para reprimir la disidencia, y el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha señalado que la ley contradice estándares internacionales.
En 2023, el entonces senador y ahora secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue coautor de una legislación bipartidista sobre Nicaragua. El proyecto de ley describía a la ley nicaragüense de agentes extranjeros como “problemática” y aseguraba que debía ser derogada.
“La comunidad internacional debería rechazar esta legislación atroz”, dijo Goebertus. “No hay ninguna razón para que quienes han criticado una legislación similar en Nicaragua y Rusia se queden callados ahora”.
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