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Madrid.- El Gobierno de España solicitó a la plataforma de alquileres temporales Airbnb retirar de forma inmediata más de 65.000 anuncios irregulares de viviendas turísticas en su plataforma por no cumplir la normativa sobre publicidad de este tipo de alojamientos.
En los últimos meses, el ministerio español de Consumo envió a Airbnb hasta tres resoluciones en las que se comunicó la detección de 65.935 anuncios ilícitos que infringen la normativa al no incluir los anuncios el número de licencia o registro (la infracción más frecuente en la publicidad que se ha analizado), no indicar la naturaleza jurídica de los arrendadores o los números de licencia no coinciden con los expedidos por las autoridades.
Por este motivo, el Gobierno español conminó a la filial en Irlanda de la multinacional estadounidense a bloquear esa publicidad, que hace referencia a viviendas que se encuentran en regiones españolas con gran presión turística como Andalucía (sur), Madrid (centro), Cataluña (este), Comunidad Valenciana (este), las islas mediterráneas de Baleares y el País Vasco (norte).
Este lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronunció sobre una de las resoluciones del ministerio de Consumo, y apoyó la iniciativa del gobierno y exhortó a la empresa a eliminar de su plataforma una primera serie de 5.800 anuncios que incumplen la legislación.
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, celebró la “clara victoria” para la defensa del derecho a la vivienda que supone la resolución judicial, algo que según dijo demuestra “que se puede lograr que ningún interés económico prevalezca sobre el derecho a la vivienda”.
Por su parte, un portavoz de Airbnb dijo a EFE que está “en desacuerdo” con las normativas española y europea sobre viviendas turísticas, que el ministerio español “no es competente” para hacer cumplir las regulaciones en materia de estos alojamientos, y que seguirá recurriendo todas las decisiones al respecto.
La asociación de consumidores españoles Facua confió en que la decisión derive en una sanción contundente contra la plataforma, ya que las prácticas de Airbnb, en su opinión, suponen un perjuicio para los consumidores, al tratarse de inmuebles que no están sujetos a ningún control para asegurar que cumplen las condiciones mínimas de garantía que exige la legislación.
La proliferación de pisos turísticos en España ha llevado a varias ciudades a prohibir la concesión de nuevas licencias, en medio de una subida de los precios de la vivienda que ha provocado numerosas movilizaciones en ciudades como Madrid o Barcelona.
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