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El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, manifestó su apoyo al proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, al estimar que la propuesta representa un progreso importante hacia una regulación moderna, coherente y democrática en esta área.
En un contexto nacional donde el ejercicio de la libertad de expresión enfrenta retos constantes, sobre todo debido al crecimiento de las plataformas digitales, Castaños Guzmán resaltó que el anteproyecto presentado al Senado por el Poder Ejecutivo representa “un marco legal acorde a la realidad actual del país” y contribuye al fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho.
De acuerdo con FINJUS, el proyecto — elaborado por la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión — posee una estructura normativa precisa, evitando ambigüedades en un tema especialmente delicado.
Además, subrayó que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, y debe coexistir armónicamente con otros derechos fundamentales como el honor, la intimidad, la dignidad y la protección de la infancia.
Uno de los puntos más relevantes señalados por Castaños Guzmán es el reconocimiento del impacto de las plataformas digitales en la opinión pública.
El proyecto plantea normas para asegurar la responsabilidad de estos espacios, sin perjudicar su carácter plural y abierto. También introduce medidas contra la desinformación y para la protección de datos personales.
FINJUS valoró de manera positiva la inclusión de mecanismos como la desindexación de contenidos, bajo orden judicial y criterios objetivos, así como el trato cuidadoso a la protección de menores frente a amenazas digitales.
La organización consideró que estas disposiciones equilibran la libertad de expresión con la protección de los derechos individuales.
Sanciones a las infracciones
El proyecto contempla sanciones proporcionales a infracciones como la difamación, injuria y expresiones discriminatorias, con especial atención a los discursos que promuevan el odio por motivos raciales, ideológicos o religiosos.
A nivel institucional, se propone la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), adscrito al Ministerio de Cultura, que reemplazará a la actual Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.
FINJUS considera que este cambio responde a la necesidad de una supervisión más moderna y eficaz de los medios.
Castaños Guzmán reiteró que la libertad de expresión es un derecho en evolución, esencial para la convivencia plural, la transparencia y la buena gestión pública.
Aseguró que FINJUS seguirá contribuyendo al debate legislativo para garantizar una regulación que respete plenamente la dignidad humana y fortalezca la democracia dominicana.
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