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SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) valoró positivamente el proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, que fue enviado al Senado por el presidente Luis Abinader, considerándolo un progreso sustancial hacia una regulación justa, equilibrada y moderna para salvaguardar este derecho fundamental en República Dominicana.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de FINJUS, indicó que este instrumento jurídico se adapta a la realidad actual del país y que su estructura normativa refleja un esfuerzo por ofrecer un marco legal coherente, moderno y respetuoso de los principios democráticos.
Destacó que el proyecto de ley, desarrollado por la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión, aborda de forma específica el papel de las plataformas digitales en la difusión de contenidos, estableciendo medidas para asegurar su responsabilidad sin afectar su naturaleza abierta y plural. Adicionalmente, introduce un marco normativo para la protección de datos personales y la prevención de la desinformación, buscando un equilibrio con la libertad de expresión.
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También resaltó la atención que la legislación propuesta otorga a las amenazas que enfrentan los menores en el entorno digital, incorporando medidas para resguardar su integridad física, emocional y moral. Asimismo, valoró la inclusión de principios que promueven la diversidad en los medios y fortalecen la integridad de las personas, así como la importancia del debido proceso.
Otro aspecto relevante para FINJUS es la inclusión de la figura de la desindexación, un mecanismo judicial para solicitar la eliminación de contenidos en buscadores digitales bajo criterios objetivos y con comprobación de daño real.
En cuanto a las infracciones, Castaños Guzmán observó que están diseñadas con prudencia y proporcionalidad, buscando un equilibrio entre la protección de la dignidad humana y el libre ejercicio del pensamiento, estableciendo consecuencias para discursos que fomenten prejuicios.
El vicepresidente de FINJUS destacó la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), adscrito al Ministerio de Cultura, como la entidad encargada de promover las libertades de expresión e información, supervisar a los proveedores de servicios de comunicación y asegurar una programación diversa y plural, lo que implicaría la supresión de la actual Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.
Servio Tulio Castaños Guzmán añadió que la libertad de expresión es un derecho en constante evolución, fundamental para el desarrollo democrático, la pluralidad, la tolerancia y la calidad de la gestión pública.
SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) consideró que el proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios de Comunicación que fue enviado al Senado por el presidente Luis Abinader constituye un avance significativo hacia una regulación justa, equilibrada y moderna para la protección de la libertad de expresión en República Dominicana.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de Finjus, considera que este instrumento jurídico está alineado con la realidad actual del país y que su estructura normativa refleja un esfuerzo por brindar un marco legal coherente, moderno y respetuoso de los principios democráticos.
Señala que el proyecto de Ley aborda de manera puntual el rol de las plataformas digitales en la difusión de contenidos, reconociendo su creciente influencia en la formación de opinión pública y en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
“Se establecen disposiciones orientadas a asegurar la responsabilidad de las plataformas digitales, sin perjudicar el carácter abierto y plural de estos espacios. Asimismo, se introduce un marco normativo que regula la protección de datos personales y la prevención de la desinformación, procurando siempre mantener el equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de otros derechos fundamentales”, expresó.
Destacó también el tratamiento que se da a las amenazas que enfrentan los menores en el entorno digital, al señalar que la legislación propuesta presta especial atención a estos desafíos, incorporando medidas que buscan preservar la integridad física, emocional y moral de este grupo vulnerable.
“Otro aspecto de relevancia es el conjunto de principios recogidos, que promueven la diversidad en los medios de comunicación y fortalecen la integridad de las personas. Igualmente, se valora la importancia del debido proceso como principio rector en la aplicación de normas civiles, procesales y penales relacionadas con la libertad de expresión”, manifestó.
Resaltó la inclusión de la figura de la desindexación, mecanismo mediante el cual se puede solicitar la eliminación de contenidos en buscadores digitales, operando a través de una orden judicial y bajo criterios objetivos, reglamentados y siempre que se compruebe un daño real y significativo.
Explicó que esta figura equilibra los derechos de quienes podrían resultar afectados por ciertas publicaciones con la necesidad de no restringir de manera injustificada la expresión de pensamientos legítimos.
En cuanto a las infracciones, Castaños Guzmán observó que están diseñadas con mesura y en concordancia con la gravedad del perjuicio causado, haciendo hincapié en el principio de proporcionalidad.
“La injuria, difamación y expresiones discriminatorias encuentran un justo balance entre la necesidad de preservar la dignidad humana y el respeto por el libre ejercicio del pensamiento. De manera acertada, se establece un régimen de consecuencias para los discursos que fomenten prejuicios por razones de origen racial, ideológico o religioso, lo cual fortalece el deber estatal de garantizar la igualdad y no discriminación”, subrayó.
En términos institucionales, refirió que el anteproyecto introduce la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), adscrito al Ministerio de Cultura, como entidad responsable de velar por la promoción de las libertades de expresión e información, la supervisión de los proveedores de servicios de comunicación y la garantía de una programación diversa y plural.
Con ello se suprime la actual Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, estableciendo un nuevo marco institucional más ajustado a la actualidad.
Servio Tulio Castaños Guzmán indicó que la libertad de expresión, en definitiva, es un derecho en constante evolución, estrechamente vinculado al desarrollo democrático y al fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho. Añadió que este derecho permite la coexistencia de la pluralidad en la sociedad, refuerza la tolerancia y contribuye al fortalecimiento de la calidad en la gestión de los asuntos públicos.
