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CIUDAD DE MÉXICO.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, acusó este jueves a varios jueces de favorecer a presuntos delincuentes.
Lo cual consideró “inaceptable”, ya que aseguró que existe un número “alarmante” de decisiones judiciales que han beneficiado a criminales.
Durante la habitual conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario señaló que:
“Se tiene registro de 193 determinaciones, casi 200 decisiones de órganos jurisdiccionales que favorecieron o intentaron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos”.
El funcionario destacó que debido a estas determinaciones se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos definitivos, “lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles”.
Según señaló, se han dado 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios sin que se cumplieran las formalidades del proceso.
También afirmó que, a pesar de que Prevención y Reinserción Social de la SSPC los consideró “no viables” para estas medidas, por delitos como secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
García Harfuch dijo que “es inaceptable que órganos jurisdiccionales, cuya misión es salvaguardar el orden y la justicia, tomen decisiones para favorecer a los delincuentes”.
Asimismo, destacó el caso del líder de los Zetas, Miguel Ángel ‘N’, requerido por el gobierno de Estados Unidos por delitos como asociación delictuosa, contra la salud, lavado de dinero e introducción de armas de fuego, cuya extradición fue bloqueada en más de 79 ocasiones por siete jueces.
Señaló directamente al juez Gregorio Salazar Hernández, con sede en el Estado de México, quien habría otorgado beneficios a Gerardo Pince Alanís, presunto operador del Cártel del Pacífico, y al “Contador”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo.
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Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que, por las denuncias contra los candidatos a la próxima elección judicial, quienes presuntamente tendrían nexos con el narcotráfico, será el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral quienes tomen la decisión en última instancia, pero destacó que hasta ahora las denuncias se han hecho en redes sociales.
El mes pasado, Claudia Sheinbaum pidió al Tribunal Electoral invalidar a los candidatos de la primera elección popular del Poder Judicial que tengan nexos con el narcotráfico, después de que el Senado reconoció que hay aspirantes con estos vínculos.
La agrupación civil Defensorxs documentó 13 “candidatos relacionados con el crimen organizado, delitos sexuales, sectas político-religiosas y otras irregularidades” en el sitio “Justicia en la mira”, donde resalta, entre otros, a Silvia Rocío Delgado, exabogada del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Los hechos reflejan la polémica en torno a la primera elección popular del Poder Judicial en México, donde un récord de 99.7 millones de votantes están llamados a elegir por primera vez 881 cargos de entre 3,422 candidatos.
Los cuales incluyen la Suprema Corte, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral.
Cabe señalar que las campañas comenzaron el pasado 30 de marzo y terminarán el 28 de mayo, con alertas de la oposición, organismos internacionales como la ONU, jueces actuales y asociaciones civiles sobre una posible intromisión del ejecutivo y del crimen organizado en los comicios.
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