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García Luna y su cónyuge deberán pagar 2 mil 488 millones de dólares a México

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El proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York.

Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una corte civil en Miami, Florida, emitió una sentencia contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y su cónyuge, Cristina Pereyra, estableciendo que él deberá pagar una multa de 748 millones de dólares y ella mil 740 millones, debido a su involucramiento en un esquema de contratación ilegal en el gobierno mexicano.

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El gobierno de México identificó que, bajo el amparo de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en varios países consiguió 30 contratos con diversos organismos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se sustrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares.

En su momento, la Fiscalía General de la República informó que:

“Beneficios que fueron transferidos al extranjero a través de mecanismos diseñados para ocultar su rastro, utilizando paraísos fiscales y destinados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos en territorio estadounidense, en el estado de Florida”.

El gobierno mexicano interpuso una demanda civil el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para recuperar los activos adquiridos con recursos sustraídos del erario mexicano y localizados en ese estado norteamericano, con el objetivo de reparar el daño causado al Estado mexicano.

El proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York.

Es importante recordar que el Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos otorgó a Genaro García Luna una prórroga de cuatro meses para apelar su condena, después de ser declarado culpable por vínculos con el Cártel de Sinaloa, el 21 de febrero de 2023.

El secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón fue sentenciado a 38 años y cuatro meses de prisión y a pagar una multa de 2 millones de dólares, por participar en una empresa criminal de drogas, varias conspiraciones delictivas y falsas declaraciones.

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