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A pesar de la rebaja en la intención inicial de gravar los envíos de dólares desde EE. UU. al país con un 3.5%, desde el 5% original, sigue adelante la legislación que causaría un gran impacto negativo en la economía dominicana, tanto para las familias que reciben el dinero como para los usos esenciales de estos fondos en el comercio internacional. Un aumento considerable en los precios de materias primas y productos importados elevaría el costo de vida. El Estado dominicano debe pronunciarse firmemente en contra de este inminente daño, usando la diplomacia y la presión. Afortunadamente, después de la primera aprobación del impuesto en la Cámara de Representantes, se sabe que los legisladores estadounidenses que se oponen a la medida en el Senado, y son muchos, mantienen su rechazo. De hecho, en la primera cámara, la votación a favor solo tuvo una mayoría escasa.
Pero el ataque impositivo contra la principal fuente de dólares del país implicaría otro riesgo, además de la pérdida de poder adquisitivo con el alza en el mercado cambiario: el movimiento de los dólares podría, en cierta medida, trasladarse a la clandestinidad y ya se anticipa la posibilidad de que esta migración sea utilizada por la delincuencia, considerando que el país lucha contra el uso de su territorio como punto de tránsito para el tráfico de drogas. El impuesto a las remesas perjudica de manera desproporcionada a la diáspora dominicana en Estados Unidos, ya que la mayoría de quienes envían dinero son residentes o ciudadanos estadounidenses que cumplen con la ley y no eluden la recaudación fiscal de Estados Unidos. Serían víctimas de una doble tributación injusta e institucionalmente ilegítima, porque envían fondos que ya fueron gravados. De hecho, los ciudadanos estadounidenses suelen recibir reembolsos importantes del fisco cuando se les exige pagar impuestos por encima de lo debido. Allí, afortunadamente, existe un sentido de justicia fiscal.
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