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Miami – Diversos grupos civiles se manifestaron este jueves en contra de la ley SB 4-C, que tipifica como delito estatal la inmigración irregular en Florida y que evidencia las políticas más agresivas del estado contra los inmigrantes sin documentos, según sus promotores.
Las principales organizaciones proinmigrantes del estado se concentraron frente al tribunal Wilkie D. Ferguson de Miami para denunciar que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el fiscal general estatal, James Uthmeier, han permitido el arresto de 15 personas, incluyendo una estadounidense, bajo esta ley, a pesar de una orden judicial que prohíbe su aplicación.
“Esto es parte de un esfuerzo mayor del estado de Florida y de la Administración Trump para hacer la vida inviable para las comunidades inmigrantes en todo el país”, declaró a EFE Cody Wofsy, subdirector del proyecto de derechos de inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
El abogado afirmó que “Florida tiene una de las políticas estatales más duras en inmigración” en Estados Unidos, como la SB 4-C, aprobada en febrero, que convierte en delito grave la entrada al estado de migrantes indocumentados, permitiendo a la policía estatal arrestarlos.
Esto ocurre en un contexto donde uno de cada cinco residentes en Florida es inmigrante, con aproximadamente 5 millones de personas nacidas en el extranjero y más de 1,1 millones indocumentadas, según el American Immigration Council.
“Florida ha estado experimentando durante años maneras de dificultar la vida de los inmigrantes, como dificultar el acceso al trabajo, la crianza de sus hijos y las visitas médicas, acciones cotidianas. Vemos otros estados queriendo seguir el liderazgo de Florida”, advirtió el activista de ACLU.
La protesta de grupos como la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC, por sus siglas en inglés) y la Asociación Campesina de Florida (FWAF) tuvo lugar durante una audiencia en la Corte de Distrito del Sur de Florida, donde los activistas acusan de desacato al fiscal Uthmeier.
Los demandantes alegan que el fiscal general desobedeció la orden judicial del 4 de abril que suspendió temporalmente la aplicación de la SB 4-C porque envió una carta el 23 de abril a la policía, indicando que la decisión no aplicaba para ellos y podían seguir arrestando migrantes.
Las organizaciones civiles compararon esto con la actitud del expresidente Donald Trump, a quien también acusan de desobedecer órdenes judiciales sobre migración, como la deportación del salvadoreño Kilmar Abrego García y la expulsión a Sudán del Sur de ocho migrantes, incluyendo dos cubanos y un mexicano.
“El Poder Judicial está siendo culpado por líderes sedientos de poder como Ron DeSantis y Donald Trump por defender la Constitución. Es una táctica autocrática”, expresó Elena Muñoz, activista de organizaciones como el Instituto Pedro Arrupe y Americans for Immigrant Justice.
Florida ha sido líder en la implementación de la política migratoria de Trump, con DeSantis aprobando leyes estatales que prohíben las ciudades santuario y multan con hasta 5.000 dólares o suspenden a funcionarios que no cumplan estas disposiciones.
El gobernador presentó hace dos semanas un plan migratorio al Gobierno federal para usar a miembros de la Guardia Nacional de Florida como jueces para deportar inmigrantes y permitir que la Patrulla de Carreteras de Florida realice sus propias redadas migratorias.
Además, ha habido redadas en obras en lugares como The Villages y Tallahassee, así como operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fuera de los tribunales de inmigración, denunció Thomas Kennedy, consultor y analista de FLIC.
“Esto genera un miedo terrible en la comunidad. La gente teme ir a trabajar, teme ir a sus audiencias de inmigración, lo que crea un clima de persecución, hostilidad y caos en nuestros vecindarios y comunidades”, comentó Kennedy a EFE.
El Estado del Sol fue escenario de un operativo que marcó un récord de arrestos en una redada en un solo estado en la historia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), con más de 1.100 detenciones en una semana el mes pasado. EFE/lb
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