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Washington.- Un juez federal ha ordenado al Gobierno de Donald Trump que facilite el retorno de un ciudadano guatemalteco que fue expulsado recientemente a México, a pesar de que un tribunal en febrero le había concedido protección humanitaria al estimar que su vida corría peligro fuera de EE.UU.
El hombre, identificado solo con las iniciales O.C.G. en el caso, es uno de los cuatro demandantes en una demanda colectiva que cuestiona su expulsión del país sin permitirles impugnarla basándose en el riesgo de persecución, tortura o muerte si regresaban a su país de origen o eran expulsados a otro país.
El magistrado Brian Murphy del Distrito de Massachusetts emitió esta orden el viernes tras concluir que el Gobierno cometió un error al expulsar a O.C.G. a pesar de que el hombre había asegurado que, por ser homosexual, su vida corría peligro en Guatemala o en México, donde dice haber sido violado.
En febrero, un tribunal de inmigración le había otorgado al hombre el llamado bloqueo de expulsión al considerar probado que su deportación a Guatemala lo pondría en peligro, según se afirma en la denuncia.
El juez Brian Murphy es el mismo que el mes pasado emitió una orden para bloquear la expulsión de ocho migrantes, incluyendo dos cubanos y un mexicano, a Sudán del Sur, un edicto que presuntamente ha violado el Gobierno Trump, que permitió el despegue de un avión con estas ocho personas, quienes aseguran que aún se encuentran bajo custodia federal en Yibuti.
No es la primera vez que un juez federal ordena a la Administración traer de vuelta a un migrante deportado, ya que un tribunal conminó recientemente facilitar el retorno del salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado en marzo a su país a pesar de que también contaba con una orden previa que bloqueaba su expulsión al considerar que su vida corría peligro si era retornado.
La Administración admitió que la expulsión de Ábrego García fue un “error administrativo”, pero argumentó que no puede ayudar en su retorno porque se encuentra bajo custodia de otro Gobierno.
Otro tribunal determinó también que la expulsión, también a El Salvador, de un ciudadano venezolano, Daniel Lozano Camargo, vulneró otra decisión judicial para proteger a determinados migrantes que llegaron a EE.UU. siendo menores de edad.
Para expulsar al hombre venezolano, el Gobierno utilizó la misma norma que empleó para expulsar a Ábrego García, la ley de Enemigos Extranjeros, no utilizada desde la II Guerra Mundial y que la Administración Trump quiere emplear para implementar expulsiones sumarias argumentando que bandas de crimen trasnacional como el Tren de Aragua, de la que dicen que Lozano Camargo forma parte, están invadiendo EE.UU.
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