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En República Dominicana, el conducir con una astucia mal entendida, lo que conocemos como ‘viveza al volante’ -infringir normas, ganar tiempo a expensas de otros y asumir riesgos como algo habitual- se ha transformado en una peligrosa normalidad, una cultura de la ‘viveza’ al volante, que lejos de ser ingeniosa, tiene un costo humano, social y económico que no se puede seguir ignorando.
Según James García, presidente ejecutivo de Seguros Sura, en República Dominicana, hablar de accidentes de tránsito es hablar de una crisis estructural que va más allá de las cifras.
Desde su experiencia en el sector asegurador afirma que estos factores agravan la siniestralidad vial y los costos humanos y económicos. Agrega: “Esto no es solo un tema de estadísticas, es un drama humano que se repite a diario.”
Para García, aunque las causas técnicas son claras -exceso de velocidad, imprudencia, consumo de alcohol, desorden vehicular-, hay un componente cultural que es urgente revisar: la mentalidad de la falta de respeto y la ‘viveza’ al conducir.
“Desde estacionarse en lugares prohibidos hasta ignorar un semáforo o conducir en dirección contraria, hay una conducta peligrosa que se repite, y que muchos normalizan.”
Esta actitud, sumada a una infraestructura deficiente, fiscalización limitada y un parque vehicular envejecido y alterado, crea un entorno de riesgo constante, especialmente para peatones y motociclistas, quienes son la mayor parte de las víctimas.
García detalla que la República Dominicana sigue entre los países con mayor mortalidad vial del mundo, con tasas de hasta 67 fallecidos por cada 100,000 habitantes, muy por encima de países como Noruega o Suecia.
Pero, más allá de los números, “el verdadero impacto está en las vidas perdidas, las familias destruidas y las personas que quedan con discapacidades permanentes”. Esto no solo afecta su calidad de vida, sino también su productividad y su entorno, “en un país que aún no está preparado para integrar plenamente a personas con movilidad reducida”.
“Un accidente puede destruir el futuro de una familia. Lo hemos visto muchas veces.”
García también señala que la falta de seguro o de documentos al día puede tener consecuencias devastadoras. La ley establece que el conductor y el propietario del vehículo son responsables solidarios en caso de accidente, pero muchas veces, los involucrados no cuentan con los medios para responder legal ni económicamente.
“Hay indemnizaciones que superan los 20 o 30 millones de pesos. Y cuando no hay seguro, el daño queda sin reparar.”
En 2024, el sistema asegurador dominicano pagó más de 17 mil millones de pesos en siniestros de vehículos de motor, enfrentando además retos como fraudes, testigos falsos y asegurados sin cobertura suficiente.
Para García, el cambio empieza por uno mismo. “El respeto por las normas no debe depender de si el otro las cumple o no”, insiste. “Es un compromiso personal con la vida y con el país”.
Desde Seguros SURA, promueven iniciativas tecnológicas y de análisis predictivo para contribuir al diseño de políticas públicas más efectivas, como telemetría para medir hábitos de conducción y estudios sobre zonas de alto riesgo.
“La educación vial debe empezar en las escuelas y formar parte de un programa nacional continuo”.
Además, el directivo considera urgente activar la Inspección Técnica Vehicular y establecer una escala oficial para las indemnizaciones por lesiones o muertes, actualmente sujetas a peritajes y decisiones judiciales sin estandarización clara.
“La seguridad vial no es un tema exclusivo del Estado ni de las aseguradoras. Es un asunto de todos”.
García hace un llamado a la ciudadanía: mantener los vehículos en condiciones óptimas, respetar las señales, ejercitar la paciencia, y tener su seguro vigente con la cobertura adecuada. Solo así, dice, podremos avanzar hacia un país donde moverse no sea un riesgo constante, sino un derecho ejercido con responsabilidad.
