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THOUSAND PALMS, California (KUNA) – La Fundación de Políticas Públicas de Texas presentó una querella que pone en duda la constitucionalidad de la decisión de la Administración Biden sobre el Monumento Nacional Chuckwalla, de 250.000 hectáreas.
El monumento fue designado en enero, y los demandantes afirman que la declaración infringe la Ley de Antigüedades de 1906, que permite a los presidentes designar monumentos nacionales.
Argumentan que, citando el comunicado de prensa, “en aquel entonces era obvio que la legislación estaba pensada para zonas de terreno mucho más pequeñas”.
En un comunicado de prensa, la abogada de la Fundación de Políticas Públicas de Texas, Anelise Powers, manifestó: “Los primeros monumentos nacionales oscilaban entre 160 y 1000 acres, pero ahora los presidentes designan millones de acres de una vez. Es claro que el Congreso nunca concibió que la Ley de Antigüedades se usara de esta manera, pero eso no ha evitado que el Poder Ejecutivo la emplee como un medio para adquirir amplio control sobre casi todos los terrenos públicos. Por esta razón, los miembros actuales de la Corte Suprema de los Estados Unidos han expresado su interés en revisar la Ley de Antigüedades”.
La demanda incluye a dos demandantes: Daniel Torongo y la Coalición BlueRibbon. La familia de Torongo ha estado extrayendo en el territorio de Chuckwalla desde 1978 y tiene previsto seguir haciéndolo tras su jubilación. Torongo reside permanentemente en Michigan.
No obstante, la demanda afirma que la proclamación del monumento obstaculiza la actividad minera de Torongo en el territorio al aumentar las restricciones y normativas para mantener su reclamo, e impedirá su expansión a zonas aledañas.
La Coalición BlueRibbon se unió a la demanda de Torongo, aduciendo que a sus miembros se les impide disfrutar de los mismos senderos que antes de la designación del monumento. Senderos sin explorar, junto con otros cierres temporales, frenaron la actividad de los miembros de la BRC.
La designación del monumento interfiere con la capacidad de los miembros de la BRC para conducir, caminar y explorar los senderos dentro del monumento nacional.
Entre los demandados se incluye a Douglas Burgum, Secretario del Interior y supervisor de la gestión del Monumento Nacional Chuckwalla a través de la Oficina de Administración de Tierras, la BLM y el Departamento del Interior de los Estados Unidos.
