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Organizaciones de derechos humanos sostienen que los planes de “tercer país seguro” presentados el martes van en contra de los valores de la UE y sobrecargarán a las naciones menos favorecidas. La Unión Europea está considerando deportar migrantes a países con los que no tienen una conexión clara, con el fin de expulsar a más personas que no tienen permiso para permanecer. Organizaciones de derechos humanos afirman que los planes de “tercer país seguro” presentados el martes vulneran los valores de la UE y sobrecargarán a las naciones más pobres. Conforme a las normas del bloque, se puede enviar a personas a países considerados seguros, pero no a aquellos donde enfrentan el riesgo de daño físico o persecución. “Podemos prever que las familias sean separadas y que las personas sean deportadas sin una revisión judicial adecuada a lugares que ni siquiera conocen”, manifestó Silvia Carta, funcionaria de PICUM, un grupo de organizaciones que defiende los derechos de los migrantes. La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, propuso que los 27 países miembros ya no se sientan obligados a asegurar que los migrantes tengan un vínculo con el lugar al que podrían ser enviados. La comisión, que propone leyes de la UE y se asegura de su cumplimiento, señaló que los migrantes no autorizados también podrían ser considerados conectados a un país si lo cruzaron de manera segura en su camino a Europa. Esto no se aplicaría a los menores que viajan solos. Según los planes, se podría llevar a las personas a la fuerza a uno de estos países antes de que se escuchen sus casos, incluso si apelan. Las nuevas reglas, que deben ser aprobadas por las naciones de la UE y el Parlamento Europeo para entrar en vigor, fueron presentadas mientras varios países, incluidos Reino Unido e Italia, buscan establecer “centros de retorno” en terceros países donde los solicitantes de asilo rechazados puedan ser retenidos hasta que puedan ser deportados. La comisión expresó que sus planes agilizarán los procedimientos de asilo y aliviarán la presión sobre las administraciones e instalaciones europeas. La ley de la UE actualmente requiere que las autoridades demuestren un vínculo entre los solicitantes y el tercer país seguro al que podrían ser enviados. “En vez de emplear tiempo y recursos interminables descargando sus responsabilidades en otros países, la UE debería invertir en sus propios sistemas de asilo”, señaló Olivia Sundberg Diez, defensora de la UE sobre Migración y Asilo de Amnistía Internacional. “Enviar personas a países con los que no tienen conexión, apoyo ni perspectivas, o por los que solo han transitado brevemente, no solo es caótico y arbitrario, sino también devastador a nivel humano”, agregó Diez. Hace más de una década, más de 1 millón de personas ingresaron a Europa, desatando una crisis política sobre quién debería asumir la responsabilidad por ellas. Las tensiones entre los países europeos vecinos son palpables. Las leyes de migración se han endurecido desde entonces. El mes pasado, la comisión indicó que siete países -Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez- deberían ser designados como “terceros países seguros”. Indicó que es poco probable que los migrantes de esos países obtengan asilo en Europa y que sus solicitudes deberían ser procesadas en tres meses en lugar de los seis meses habituales para que puedan ser enviados a casa más rápidamente. También se acelerarían las solicitudes de asilo de personas provenientes de países que son candidatos a unirse a la UE -Albania, Bosnia, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia y Turquía-.
