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SANTO DOMINGO.- Mirna Ortiz, procuradora de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), puso en duda la sensibilidad exhibida por los acusados en el caso Medusa, liderado por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, por la forma en que el Ministerio Público ha denominado los expedientes.
A juicio de Ortiz, esa misma sensibilidad no se manifestó “cuando se sustrajeron el patrimonio público”.
La magistrada ofreció estas declaraciones al salir de la sala del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, luego de que el juicio contra los acusados fuera postergado para el 23 de junio.
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“La susceptibilidad es evidente por una denominación que el Ministerio Público aplica a esos casos; no obstante, nos cuestionamos si ellos demostraron esa sensibilidad y ese mismo tacto al momento de robarse el patrimonio público”, expresó Ortiz. Agregó que algunos imputados solo buscan captar la atención mediática y obtener titulares.
La procuradora de corte también señaló que parte de la ciudadanía se centra más en cómo el Ministerio Público titula los casos judiciales que en los hechos en sí, que en este caso implican el presunto desfalco de recursos del Estado.
El caso Medusa es uno de los procesos judiciales más relevantes por corrupción en la República Dominicana, y ha generado gran interés público debido al perfil de los implicados y la magnitud de los cargos.
El aplazamiento del juicio fue ordenado por la jueza presidenta del tribunal, Claribel Nivar, al restablecer los plazos del proceso y ordenar la notificación formal al imputado Juan Asael Martínez. Esta decisión se produjo luego de que la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogiera una recusación interpuesta por Jean Alain Rodríguez contra los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado.
Los imputados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos durante su gestión como procurador general de la República (2016-2020).
Según el expediente acusatorio, el grupo desvió más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos en la Procuraduría General de la República.
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