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La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Óscar González/ WENN vía Reuters Connect
Ha generado más noticias suyas que la guerra de Ucrania, le comentó la semana pasada Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al magistrado Ángel Hurtado, quien investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por una supuesta revelación de secretos. Esta semana, su nombre y el de la presidenta madrileña han vuelto a ser noticia.
Por un lado, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha procesado a González Amador junto a cuatro empresarios. El proceso comenzó tras una inspección de Hacienda llevada a cabo en 2022 que culminó con un informe que alertaba de presuntas irregularidades relacionadas con el Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021. Ahora, las acusaciones podrán solicitar la pena que consideren de cara al futuro juicio -aunque la resolución puede ser recurrida-. Hay, también, una pieza separada que la magistrada mantiene abierta, relacionada con los negocios de González Amador con el grupo Quirón.
Este mismo viernes, con la inauguración de la Feria del Libro de Madrid afectada por el clima, la presidenta madrileña suma otra noticia judicial a su lista. Un juzgado de Leganés ha abierto una segunda causa judicial contra varios ex altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid por la gestión de las residencias durante la primera ola de la pandemia. Según ha informado a EFE una de las querellantes, este segundo juzgado investiga a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, ya imputados en la primera causa, y también al entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca Ostalaza y a la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa.
Las declaraciones están previstas para el 17 de junio. El mismo día testificarán Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como “asesor principal” de Ayuso para la lucha contra la pandemia; Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, uno de los principales grupos sanitarios privados de la Comunidad de Madrid, y las dos querellantes.
Este segundo proceso judicial del Juzgado 6 de Leganés no parte de una denuncia de la Fiscalía, sino de una querella presentada por familiares de residentes y, según ha explicado Marea de Residencias — uno de los querellantes — , ambas causas comparten el motivo de la denuncia: la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria.
En el marco de dicho proceso, Marea de Residencias ha explicado que está prevista la declaración de varios testigos el próximo martes, 3 de junio; entre ellos Alberto Reyero, el consejero de Políticas Sociales cuando llegó la pandemia.
Esta causa se suma a la abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid que el pasado lunes 26 de mayo suspendió la declaración de los investigados Mur y Martínez Peromingo, considerados autores de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales en los meses de marzo y abril de 2020, y Burgueño, responsable de elaborar el ‘plan de choque’ anunciado por el Gobierno regional, que incluía la medicalización de las residencias.
El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha reaccionado restando importancia a la situación judicial y ha dicho, en declaraciones a los medios tras participar en un acto en la Real Casa de Postas, que las dos causas volverán a ser archivadas, como las más de 60 denuncias anteriores.
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