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Manuel Castro, director de la Oficina para Asuntos de Inmigración (MOIA), estuvo presente el martes en Nueva York durante el lanzamiento de una campaña municipal que guía a inmigrantes sin documentos sobre su derecho a una vivienda segura y la protección de sus derechos. (EFE/Ángel Colmenares)
Nueva York.- La administración municipal neoyorquina puso en marcha el martes una iniciativa para informar a inmigrantes indocumentados sobre su derecho a una vivienda segura y la protección de sus derechos fundamentales, exhortándolos a no sentir temor al reportar cualquier situación desfavorable.
La medida responde al ambiente de miedo generado por la intensificación de la campaña de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump.
La iniciativa, disponible en varios idiomas a través de folletos y carteles, advierte que en esta ciudad es ilegal que los propietarios se nieguen a vender o alquilar propiedades, impongan condiciones discriminatorias o recurran al hostigamiento por razones de estatus migratorio o país de origen.
También que es ilegal que el propietario se niegue a realizar reparaciones o mantenga la vivienda en malas condiciones o los amenace con llamar a Inmigración o utilice el término ‘extranjero ilegal’.
La ley de Nueva York también prohíbe que el dueño tome represalias por haber presentado una denuncia en su contra ante la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad u otra agencia, lo cual se puede hacer de forma anónima.
La Oficina para Asuntos de Inmigración (MOIA, por sus siglas en inglés), encabezada por el mexicano Manuel Castro, convocó el martes a una mesa redonda con medios en un esfuerzo por que el mensaje llegue a la comunidad migrante, a la que también ha alertado previamente de que no teman acudir a recibir servicios médicos, enviar a sus hijos a la escuela o hacer denuncias a la policía.
Castro estuvo acompañado por el vicealcalde para Vivienda y Asuntos Económicos, Adolfo Carrión, por los comisionados adjuntos de Vivienda, Ahmed Tigani, y de Derechos Humanos, Kajori Chaudhuri, y por la directora ejecutiva de la Oficina de Participación Pública, Adrienne Lever.
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