Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
SANTA FE, Nuevo México, EE.UU. (AP) — Cientos de migrantes han sido imputados por ingresar sin autorización a una zona militarizada de reciente designación en la frontera sur estadounidense, desde que el Departamento de Justicia implementó la nueva política a finales de abril.
El gobierno del presidente Donald Trump ha transferido al ejército la supervisión de una franja de terreno a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, lo que faculta a las tropas estadounidenses a detener temporalmente a los migrantes que ingresen al país sin autorización, aunque no hay constancia de que las tropas hayan ejercido tal facultad, ya que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza se encarga de los arrestos. Las áreas de defensa nacional designadas son supervisadas por elementos del Ejército de Estados Unidos provenientes de Fort Bliss, en Texas, y de Fort Huachuca, en Arizona.
Los nuevos cargos relacionados con la seguridad nacional contra los migrantes que entran a través de esas zonas militarizadas conllevan una posible condena de 18 meses de prisión, además de una posible sentencia de seis meses por ingreso ilegal. No están claras las implicaciones completas para los migrantes que deseen regularizar su situación a través de procedimientos separados en un tribunal de inmigración.
El gobierno de Trump busca acelerar la expulsión masiva de inmigrantes que residen en el país sin autorización y las deportaciones a terceros países, incluyendo las de venezolanos enviados a una prisión en El Salvador bajo acusaciones de pertenecer a pandillas. Estados Unidos ha desplegado miles de soldados en la frontera, aunque los arrestos han caído a los niveles más bajos desde mediados de la década de 1960.
La oficina del defensor público federal en Las Cruces indica que se habían presentado aproximadamente 400 casos en el tribunal penal hasta el martes, y que pretende que se desestimen los cargos por violar las regulaciones de seguridad y por ingresar en propiedad militar restringida. Los registros judiciales muestran que los fiscales federales en Texas, donde un Área de Defensa Nacional se extiende por unos 97 kilómetros (60 millas) desde El Paso hasta Fort Hancock, comenzaron la semana pasada a presentar también los cargos de seguridad militar.
El juez federal Gregory Wormuth, con sede en Las Cruces, ha solicitado comentarios de los fiscales federales y de abogados defensores públicos sobre el estándar de prueba para los cargos de invasión de propiedad, “dada la naturaleza sin precedentes de procesar tales delitos en este contexto fáctico”.
Los defensores públicos afirman que debe haber evidencia de que los migrantes conocían las restricciones militares y que actuaron “en desafío a esa regulación con algún propósito nefasto o malo”.
El fiscal federal de Nuevo México Ryan Ellison, designado en abril, declara que se han colocado cientos de letreros de “área restringida” en español e inglés para advertir que el ingreso está prohibido por el Departamento de Defensa a lo largo de los casi 290 kilómetros (180 millas) de frontera de Nuevo México.
En documentos judiciales, Ellison ha dicho que no hay peligro de atrapar a personas inocentes cuando se trata de migrantes que evitan los puertos de entrada para cruzar la frontera violando de manera deliberada la ley federal, y ahora las regulaciones militares.
La abogada de la ACLU Rebecca Sheff dijo que las libertades básicas están en riesgo a medida que el gobierno ejerce su poder en la frontera y restringe el acceso de civiles.
“La ampliación de las bases militares… es una restricción seria, es un impacto serio para las familias que viven en la zona fronteriza”, señaló.
El Departamento de Justicia ha advertido a Wormuth que no emita una opinión consultiva sobre los estándares legales para invasión de propiedad en el área militar.
“El Área de Defensa Nacional de Nuevo México es una instalación crucial necesaria para fortalecer la autoridad de los miembros de las fuerzas armadas para ayudar a proteger nuestras fronteras y salvaguardar el país”, comentó Ellison en un escrito judicial.
El senador federal demócrata Martin Heinrich, de Nuevo México, expresó su preocupación el miércoles en una carta al secretario de Defensa Pete Hegseth de que cualquiera puede ser detenido por soldados del Ejército de Estados Unidos por ingresar a un área de 440 kilómetros cuadrados (170 millas cuadradas) a lo largo de la frontera, que antes supervisaba el Departamento del Interior y se usaba con frecuencia para recreación y ganadería.
Hegseth ha hecho hincapié en adoptar un enfoque de mano dura.
“Permítanme ser claro: si cruzan al Área de Defensa Nacional, serán acusados con todas las de la ley”, dijo en la red social X.
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La periodista de The Associated Press Valerie Gonzalez en McAllen, Texas, contribuyó a este despacho.
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Esta noticia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
