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El estado de Luisiana (EEUU) ha anunciado la puesta en marcha de la operación GEAUX, un programa que busca localizar a inmigrantes con historial delictivo.
Esta iniciativa, encabezada por el gobernador Jeff Landry, se realiza en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el gobierno federal liderado por el presidente de EEUU, Donald Trump.
Según Landry, el propósito es fortalecer la seguridad estatal a través de la identificación y posible expulsión de personas sin documentación que hayan cometido crímenes.
La orden ejecutiva firmada este jueves, 15 de mayo, concede a las autoridades locales facultades similares a las del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Específicamente, les permitirá indagar sobre la situación migratoria de individuos y efectuar detenciones en caso de tener antecedentes penales.
Landry describió la operación como la más ambiciosa en la historia del estado, asegurando que toda persona que se halle de manera irregular en Luisiana y se vea envuelta en actividades delictivas será deportada o encarcelada.
La medida ha desatado un intenso debate en la comunidad y entre los defensores de los derechos de los inmigrantes. Si bien algunos sectores respaldan la iniciativa como un esfuerzo para mejorar la seguridad, otros la critican por su posible efecto en familias migrantes y por el peligro de discriminación racial.
Organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación por el empleo de perfiles raciales en las investigaciones y detenciones.
El programa también suscita dudas sobre la legalidad de otorgar a las fuerzas policiales locales competencias migratorias. En otros estados, como Illinois, ya existen leyes que permiten la deportación de personas con historial delictivo. Pero, la operación GEAUX, expande el alcance de estas medidas al autorizar que la policía investigue activamente la situación migratoria de cualquier persona sospechosa.
A medida que la operación GEAUX entre en vigor, se espera que continúe el debate sobre su impacto en la comunidad migrante. También sobre la seguridad del estado.
La administración de Donald Trump ha apoyado la iniciativa como parte de su estrategia para fortalecer el control migratorio en Estados Unidos. Sin embargo, los resultados a largo plazo de esta política aún están por verse, y su implementación podría enfrentar retos legales y sociales en los próximos meses.
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