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WASHINGTON — El Departamento de Seguridad Nacional ha advertido a más de 500 “jurisdicciones santuario” en Estados Unidos que el gobierno de Donald Trump las considera un obstáculo para la aplicación de las leyes de inmigración, mientras intenta intensificar la presión sobre las comunidades que, a su juicio, se oponen al programa de deportaciones masivas del presidente.
El departamento publicó el jueves una lista de las jurisdicciones, y señaló que cada una de ellas recibirá una notificación formal indicando que el gobierno ha determinado que no cumplen y si se cree que están infringiendo alguna ley penal federal. La lista fue publicada en el sitio web del DHS.
“Estos políticos de ciudades santuario están poniendo en peligro a los estadounidenses y a nuestras fuerzas del orden público con el fin de proteger a extranjeros ilegales delincuentes (y) violentos”, manifestó en un comunicado Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional.
El gobierno de Trump ha atacado repetidamente a comunidades, estados y jurisdicciones que, según alega, no están haciendo lo suficiente para ayudar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a cumplir las promesas de campaña del mandatario de expulsar a millones de personas que se encuentran en el país sin permiso.
La lista fue elaborada utilizando varios factores, como si las ciudades o localidades se autodenominaron jurisdicciones santuario, el nivel de acatamiento de las peticiones de los funcionarios federales que hacen cumplir las leyes de inmigración, si tenían restricciones para compartir información con los agentes migratorios, o si contaban con protecciones jurídicas para personas que se encuentran en el país sin autorización, según el DHS.
Trump promulgó una orden ejecutiva el 28 de abril que requiere que el secretario de Seguridad Nacional y el fiscal general publiquen una lista de estados y jurisdicciones locales que consideren que están obstaculizando las leyes federales de inmigración. La lista se actualizará regularmente.
Posteriormente, los departamentos y agencias federales — en colaboración con la Oficina de Administración y Presupuesto — tendrían la tarea de identificar subvenciones o contratos federales con esos estados o jurisdicciones locales que el gobierno federal considera son “jurisdicciones santuario” y suspender o cancelar los fondos, según la orden ejecutiva.
Si se notifica a las “jurisdicciones santuario” y el gobierno de Trump determina que “persisten en su desafío”, entonces el fiscal general y el secretario de Seguridad Nacional están facultados para aplicar las “medidas jurídicas y policiales” que consideren necesarias para hacerlas cumplir.
No existe una definición específica ni jurídica de lo que constituye una “jurisdicción santuario”. A menudo el término se utiliza para referirse a agencias policiales, estados o comunidades que no cooperan en el control de la inmigración.
Algunas ciudades respondieron después de ser incluidas en la lista.
El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, dijo en X que su urbe no es una “ciudad santuario”, y señaló que Baltimore no controla las cárceles municipales. Las cárceles son un área clave donde el ICE coopera con las autoridades policiales locales para ser notificado cuando los inmigrantes van a ser liberados.
Pero Scott también dijo que la ciudad no se disculpaba por ser una “ciudad acogedora” y que se preparaba para litigar si era necesario para proteger a la comunidad inmigrante de la ciudad y el dinero que recibe del gobierno federal.
“Somos mejores gracias a nuestros vecinos inmigrantes, y no estamos dispuestos a traicionarlos ante este gobierno”, dijo Scott.
En un comunicado en X, el gobierno de Las Vegas dijo que no estaban seguros de por qué el DHS los incluyó en la lista y que esperaban “aclarar este malentendido”. La ciudad dijo que la policía y las instalaciones carcelarias allí cumplen con la ley federal.
El ICE es responsable de hacer cumplir las leyes de inmigración a nivel nacional, pero a menudo solicita ayuda estatal y local para alertar a las autoridades federales sobre inmigrantes buscados para su deportación y retener a esas personas hasta que agentes federales asuman su custodia.
Una forma en que el gobierno busca contar con apoyo estatal y local es a través de acuerdos del programa 287(g) con agencias policiales locales. Esos acuerdos permiten a las agencias policiales locales asumir algunas funciones de inmigración y con ello ampliar las capacidades del ICE. El número de esos acuerdos se ha disparado en los meses de gobierno de Trump.
El ICE cuenta con unos 6.000 agentes — un número que ha permanecido en gran medida estable durante años — , los cuales están facultados para buscar, arrestar y expulsar a inmigrantes. Al depender de las policías locales, puede aumentar rápidamente el número de personal disponible para ayudar a llevar a cabo el programa de deportaciones masivas de Trump.
A menudo las comunidades que no cooperan con el ICE dicen que no lo hacen porque así los inmigrantes se sienten más seguros para recurrir a la autoridad si son testigos o víctimas de un delito. Y argumentan que la aplicación de las leyes de inmigración es una tarea federal, y que necesitan enfocar sus limitados recursos en combatir el crimen.
“Las políticas de santuario son legales y nos hacen a todos más seguros”, dijo el jueves en un comunicado una coalición de funcionarios locales de diversas partes del país y una organización sin fines de lucro llamada Public Rights Project. Señalaron que la lista era una táctica para intimidar a los gobiernos locales para cooperar con el ICE.
El gobierno de Trump ya ha tomado una serie de medidas contra estados y comunidades que no cooperan con el ICE, y se ha encontrado con resistencia en los tribunales. Una orden ejecutiva emitida por Trump instruye al fiscal general y al secretario de Seguridad Nacional a retener fondos federales de las jurisdicciones santuario. Otra ordena a las agencias federales asegurarse de que los pagos a los gobiernos estatales y locales no “fomenten las llamadas políticas ‘santuario’ que buscan proteger a los extranjeros ilegales de la deportación”.
