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Washington, D.C.- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, solicitó a la Corte Suprema intervenir para facilitar la deportación expedita de migrantes a naciones diferentes de sus países de origen, sin la opción de presentar alegaciones de temor a ser perseguidos, torturados o asesinados.
De acuerdo con fuentes internacionales, el Departamento de Justicia instó a levantar la medida cautelar del juez de distrito Brian Murphy que obliga a los migrantes a tener la oportunidad de solicitar amparo legal contra la deportación antes de ser enviados a los denominados “terceros países”, mientras prosigue el litigio del caso.
El Gobierno afirma que la orden judicial de Murphy está obstaculizando miles de deportaciones pendientes.
La controversia surgió en febrero de 2025, tras la iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional de determinar si las personas que habían recibido protección contra la expulsión a sus países de origen podían ser retenidas y enviadas a otro.
Organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes interpusieron una demanda colectiva en nombre de un grupo de inmigrantes que buscaban evitar una deportación rápida a terceros países sin previo aviso y sin la posibilidad de demostrar las consecuencias que podrían padecer.
En marzo, el Gobierno divulgó unas directrices que establecían que si un tercer país proporcionaba garantías diplomáticas creíbles de que no perseguirá ni torturará a los migrantes, las personas podrían ser deportadas allí “sin necesidad de más procedimientos”.
Sin esa garantía, si el migrante manifiesta su temor a ser expulsado a ese país, las autoridades estadounidenses evaluarían la probabilidad de persecución o tortura, y, posiblemente, remitirían a la persona a un tribunal de inmigración, según las directrices.
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Murphy emitió una orden preliminar en abril, al considerar que la política de “ejecutar expulsiones a terceros países sin notificarlo y sin brindar una oportunidad significativa de presentar reclamaciones basadas en el temor” probablemente vulnera las garantías procesales previstas en la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Usualmente, las garantías procesales exigen que el Gobierno notifique y dé la oportunidad de una audiencia antes de tomar ciertas medidas adversas.
El Gobierno asegura que su política cumple con los requisitos del debido proceso y que la orden del juez menoscaba la “amplia competencia” del presidente en asuntos de migración.
La última deportación rápida se produjo el 21 de mayo, cuando fueron deportados ocho migrantes, entre ellos un mexicano, a Sudán del Sur; solo uno de los migrantes es oriundo de ese país.
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