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Washington, Estados Unidos, 16 de mayo. Arriban a la frontera estadounidense desde todas partes del mundo: Eritrea, Guatemala, Pakistán, Afganistán, Ghana, Uzbekistán y muchos otros países.
Llegan en busca de asilo; insisten en que son perseguidos por su religión, su sexualidad o por apoyar a los políticos “equivocados”.
Durante generaciones, tuvieron la oportunidad de presentar su caso ante las autoridades estadounidenses.
Pero ya no.
“No nos ofrecieron un agente de ICE con quien hablar. No nos dieron una entrevista. Nadie me preguntó qué ocurrió”, dijo un trabajador electoral ruso que solicitó asilo en Estados Unidos después de ser descubierto con grabaciones de video que filmó sobre fraude electoral en su país. El 26 de febrero fue deportado a Costa Rica con su esposa y su hijo pequeño.
El 20 de enero, justo después de asumir el cargo para su segundo mandato, el presidente Donald Trump suspendió el sistema de asilo como parte de su amplia ofensiva contra la inmigración ilegal, y emitió una serie de órdenes ejecutivas diseñadas para detener lo que llamó la “invasión” a Estados Unidos.
Lo que los solicitantes de asilo encuentran ahora, según abogados, activistas e inmigrantes, es una situación confusa y en constante cambio, con pocas reglas claras, en la que las personas pueden ser deportadas a países de los que no saben nada tras breves conversaciones con agentes de inmigración, mientras que otros languidecen bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Los abogados que trabajan frecuentemente con solicitantes de asilo en la frontera refieren que sus teléfonos han quedado en silencio desde que Trump asumió el cargo. Sospechan que muchos de los que cruzan la frontera son expulsados de inmediato sin posibilidad de solicitar asilo o son detenidos a la espera de ser filtrados bajo la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU, para la que es más difícil calificar que para el asilo.
“No creo que nadie tenga totalmente claro qué sucede cuando las personas se presentan y solicitan asilo”, indicó Bella Mosselmans, directora del Global Strategic Litigation Council (Consejo Global de Litigios Estratégicos), una organización que defiende los derechos de comunidades desplazadas mediante demandas y acciones estratégicas.
Las restricciones enfrentan impugnaciones judiciales
Una maraña de demandas, apelaciones y contrademandas ha llenado los tribunales a medida que el gobierno de Trump se enfrenta a activistas que argumentan que las extensas restricciones ponen en peligro ilegalmente a quienes huyen de la persecución.
En una batalla legal clave, se espera que un juez federal decida si los tribunales pueden revisar el uso que el gobierno hace de sus afirmaciones de invasión para justificar la suspensión del asilo. No hay fecha fijada para esa decisión.
El gobierno señala que su declaración de invasión no está sujeta a supervisión judicial, y en un momento la calificó como “una cuestión política no revisable”.
Pero los grupos de derechos humanos que luchan contra la proclamación de asilo, encabezados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), una organización sin fines de lucro que otorga asistencia legal cuando los derechos humanos están en peligro, la calificaron de “tanto ilegal como sin precedentes” en la demanda presentada ante un tribunal federal de Washington, D.C.
Los cruces fronterizos no autorizados, que se dispararon durante los primeros años del gobierno del presidente Joe Biden y alcanzaron casi diez mil arrestos diarios a finales de 2024, disminuyeron significativamente durante su último año de mandato — y se desplomaron aún más tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.
No obstante, más de 200 personas todavía son arrestadas diariamente por cruzar la frontera sur de Estados Unidos sin autorización legal.
Algunas de esas personas solicitan asilo, aunque no está claro si alguien sabe con certeza cuántas.
Paulina Reyes-Perrariz, abogada gerente de la oficina de San Diego del Immigrant Defenders Law Center (Centro Legal para la Defensa de los Inmigrantes), indicó que su oficina recibía en ocasiones entre 10 y 15 llamadas diarias sobre asilo después de que Biden implementara restricciones sobre el asilo en 2024.
Esa cifra se ha reducido a casi ninguna, con solo pocas llamadas en total desde el 20 de enero.
Además, agregó, los abogados no están seguros de cómo gestionar los casos de asilo.
“Es realmente difícil consultar y asesorar a las personas cuando no sabemos cuál es el proceso”, subrayó.
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