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Miami. — En la arquitectura institucional estadounidense, los tribunales federales han sido, por más de dos siglos, la última defensa frente a los excesos del Poder Ejecutivo. Pero para el círculo más cercano a Donald Trump, esa arquitectura no es una garantía democrática, sino un obstáculo a remover.
El pasado 28 de mayo, en medio de una serie de reveses legales contra su política arancelaria, el exmandatario y su entorno revelaron hasta dónde están dispuestos a llegar para evitar que jueces federales frenen su agenda económica: la creación de un nuevo organismo, bautizado como Tribunal Comercial Popular, diseñado expresamente para quitarle al Tribunal de Comercio Internacional (CIT) su función como árbitro de las disputas arancelarias del país.
La propuesta, contenida en borradores redactados por los ideólogos favoritos de Trump, Peter Navarro y Stephen Miller, plantea la fundación de un tribunal paralelo bajo el control del Departamento de Comercio, cuya función sería resolver — de manera vinculante — disputas comerciales sin intervención del Poder Judicial.
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“La narrativa es que este tribunal serviría a los intereses del trabajador y productor estadounidense común, supuestamente afectados durante décadas por fallos de jueces que priorizarían el libre comercio global”, explica el economista Iván Jiménez a EL UNIVERSAL.
Pese al fallo del CIT, Trump continúa cobrando sus aranceles gracias a una suspensión temporal dictada por una corte de apelaciones favorable 24 horas después de la anulación del 28 de mayo. La batalla legal sigue abierta, pero la presión institucional aumenta.
La existencia de los borradores de Navarro y Miller fue revelada por The Daily Telegraph el 29 de mayo, apenas un día después de que el CIT declarara inconstitucionales los aranceles bautizados por su creador como “Día de la Liberación”, impuestos por Trump en abril pasado contra más de 150 países.
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En redes sociales, Miller acusó a los jueces de cometer un “golpe judicial fuera de control”. Desde la Oficina Oval, el vocero presidencial Kush Desai denunció que “jueces no elegidos están tratando de usurpar la autoridad del presidente”.
Navarro, más explícito, prometió que “aunque perdamos, lo haremos de otra manera”.
El Tribunal Comercial Popular, según el contenido de los documentos, estaría compuesto por jueces designados internamente por el Departamento de Comercio, sin ratificación del Senado ni supervisión del Poder Judicial. “Su función sería dirimir de forma expedita todas las disputas relacionadas con aranceles, cuotas de importación, derechos compensatorios y medidas de represalia comercial. La clave está en que sus fallos serían definitivos y no podrían ser apelados ante el Tribunal de Comercio Internacional”, señala Jiménez.
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En los borradores se propone, además, declarar ciertos casos como “no justiciables” por tribunales federales, lo que implicaría transferir de facto la jurisdicción del CIT a esta nueva corte ejecutiva.
“Es hora de devolverle al pueblo el control sobre su política comercial”, escribió Navarro en un memorándum confidencial también filtrado y que circuló recientemente entre altos funcionarios del gabinete económico. Miller justificó la medida bajo la lógica de que “la soberanía económica del país no puede quedar en manos de una élite judicial globalista”.
El plan, aunque aún no se ha formalizado, fue concebido como respuesta directa al fallo del CIT.
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En privado, según fuentes citadas por Politico, el expresidente calificó al CIT como “una traición a la patria”. Navarro, a quien Trump ha llamado su “guerrero comercial”, sostiene desde hace años que los jueces especializados son parte de un “complejo legal internacionalista” que impide ejecutar políticas de defensa económica.
La iniciativa también está alineada con el manifiesto Project 2025, un extenso plan de reestructuración institucional promovido por aliados de Trump. En él, Navarro ya había sugerido eliminar o reducir la independencia de las cortes económicas y migrar sus funciones a agencias del Ejecutivo.
Juristas constitucionalistas han alertado que cualquier intento de sustituir al CIT por un tribunal bajo control del Ejecutivo violaría directamente el artículo III de la Constitución; “sería inmediatamente impugnado en cortes federales”, advirtió un exjuez del propio CIT en entrevista con The Atlantic. Varios analistas lo compararon con el intento de Franklin D. Roosevelt de reestructurar la Corte Suprema en los años 30, pero más agresivo aún, no se trata de cambiar la composición de una corte, sino de crear otra para quitarle poder a la existente.
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En el plano internacional se han encendido las alarmas. La Unión Europea, Canadá y Japón han expresado informalmente su preocupación. La Organización Mundial de Comercio estudia la posibilidad de revisar los mecanismos de solución de controversias si EU institucionaliza un órgano interno sin garantías de independencia.
“Ya no se trata sólo de aranceles, se trata también de quién tiene la última palabra en esta república que están tratando de rediseñar; el Congreso, los jueces o el presidente. Pronto lo sabremos”, concluye el economista Jiménez.
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