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Estados Unidos. – La Universidad de Harvard demandó el viernes al gobierno de Donald Trump, menos de 24 horas después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunciara que impediría a los estudiantes internacionales inscribirse en la universidad más antigua de Estados Unidos y una de las más prestigiosas.
El viernes por la mañana, a petición de la universidad, una jueza federal de Boston actuó rápidamente para bloquear la aplicación de la orden del gobierno federal.
La jueza, Allison D. Burroughs, emitió una orden de restricción temporal contra la orden federal, concordando en que Harvard había demostrado que su aplicación causaría un “perjuicio inmediato e irreparable” a la universidad.
La acción del gobierno, y la respuesta de Harvard, representan una escalada significativa del enfrentamiento entre la administración actual y la universidad. Y la reacción enérgica y casi inmediata de Harvard es evidencia de que detener la llegada de estudiantes internacionales a la universidad, que atrae a algunos de los mejores académicos del mundo, desestabilizaría la propia existencia de Harvard.
En una carta a la comunidad de Harvard entregada el viernes por la mañana, su decano, Alan M. Garber, escribió: “Condenamos esta acción ilegal e injustificada”, y agregó que “pone en peligro el futuro de miles de estudiantes y académicos de Harvard y sirve de advertencia a un número incontable de personas en escuelas y universidades de todo el país que han venido a Estados Unidos para proseguir su educación y cumplir sus sueños”.
La demanda, en la que se acusaba al gobierno de Trump de una “campaña de represalias” contra la universidad, siguió al anuncio, el jueves, de que se había revocado la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio de Harvard, lo que paralizaba la capacidad de la universidad para matricular a estudiantes internacionales.
Esta demanda es la segunda vez, en cuestión de semanas, que la universidad demandaba al gobierno federal.
En la nueva demanda, la universidad acusó al gobierno de Trump de ejercer “una clara represalia por el hecho de que Harvard ejerciera sus derechos de la Primera Enmienda a controlar la gobernanza de Harvard, su plan de estudios y la ‘ideología’ de su profesorado y alumnado”.
“De un solo golpe, el gobierno ha intentado borrar a una cuarta parte del alumnado de Harvard, estudiantes internacionales que contribuyen significativamente a la universidad y a su misión”, decía la demanda. “Sin sus estudiantes internacionales, Harvard no es Harvard”.
El gobierno dijo que Harvard no había cumplido una lista de exigencias enviada el 16 de abril que contenía registros de actividades de protesta que se remontaban a cinco años atrás, incluidos videos de mala conducta y registros de medidas disciplinarias que involucraban a estudiantes internacionales.
La demanda de Harvard también decía que la universidad había estado trabajando para cumplir la petición del 16 de abril, junto con una carta en la que se atacaba a la universidad por no condenar el antisemitismo.
A pesar de la “naturaleza y el alcance sin precedentes” de las demandas, que exigían información sobre cada titular de una visa de estudiante, unos 7000 estudiantes en las 13 escuelas de Harvard, en un plazo de 10 días laborables, Harvard había presentado la información requerida el 30 de abril, decía la demanda, y también había cumplido con una solicitud de seguimiento.
“Sin embargo, el 22 de mayo, el DHS consideró ‘insuficiente’ la respuesta de Harvard, sin explicar por qué ni citar ninguna norma que Harvard no hubiera cumplido”, decía la demanda. Hace referencia a publicaciones del presidente Trump en Truth Social, su sitio de redes sociales, como prueba de su venganza contra Harvard.
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