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Este domingo, una veintena de soldados de la Guardia Nacional de California, la mayoría con apellidos hispanos, custodiaban uno de los estacionamientos que dan acceso al complejo federal.
Las críticas contra la Administración del presidente Donald Trump por desplegar miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles, sin el visto bueno del gobernador de California, Gavin Newsom, se intensificaron este domingo, dado que es la primera vez en 60 años que el Ejecutivo estadounidense impone esta orden a su discreción.
Trump anunció el despliegue de 2.000 soldados de la Guardia Nacional de California para, según él, contrarrestar manifestaciones focalizadas, que ya estaban controladas y no representaban ningún problema de seguridad, contra las redadas migratorias en Los Ángeles, el condado más poblado de Estados Unidos con cerca de 10 millones de habitantes.
Por el contrario, los defensores de los derechos civiles han advertido que la decisión del Gobierno Trump representa “una amenaza” para la metrópoli.
“Esta es una peligrosa escalada que pone en riesgo a las comunidades estadounidenses y a nuestra democracia”, dijo este domingo en un comunicado Neera Tanden, directora ejecutiva del Centro para el Progreso Americano.
Tanden advirtió que la decisión de Trump busca exacerbar las tensiones, en contravía de la seguridad de los californianos.
Esta es la primera vez en 60 años que un presidente estadounidense despliega la Guardia Nacional de cualquier estado sin la autorización del gobernador a cargo, que es el comandante en jefe de las fuerzas militares estatales.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) condenó desde ayer el despliegue de las tropas y dijo que estudia imponer una demanda.
La administración republicana tomó la decisión a pesar de que funcionarios electos, la Policía y el alguacil de Los Ángeles confirmaron que las protestas, que en su mayoría se mantuvieron pacíficas, estaban contenidas.
La mayor queja de Trump es el “supuesto” daño del edificio federal que alberga la cárcel migratoria de Los Ángeles, que este domingo luce con grafitis contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo este domingo en un comunicado que el despliegue de las tropas, que se ubicaron esta mañana frente al edificio federal de Los Ángeles, “es una escalada caótica”.
“El miedo que siente la gente en nuestra ciudad ahora mismo (por los soldados) es muy real; se siente en nuestras comunidades y en nuestras familias, y pone en riesgo nuestros vecindarios. Esto es lo último que nuestra ciudad necesita”, agregó la alcaldesa demócrata.
Tom Homan, el conocido como ‘zar de la frontera’ designado por Trump, amenazó hoy con arrestar a Bass y Newsom, “si se exceden” en sus competencias sobre el despliegue de soldados, en la que negó la afirmación previa del gobernador demócrata de que la Administración Trump estaba creando un “espectáculo”.
Para el historiador Miguel Tinker Salas, las amenazas de Homan son parte del show mediático con el que se pretende “desestabilizar” a California, según dijo a EFE.
El catedrático de Pomona College advierte que Homan no tiene ninguna autoridad para ordenar un arresto de estos funcionarios electos.
Hina Shamsi, directora del Proyecto de Seguridad Nacional de ACLU, también acusó a la Administración de generar un riesgo “legal y ético” para las tropas “socavando imprudentemente” el principio democrático de que las fuerzas armadas no deben vigilar a los ciudadanos.
Este domingo, una veintena de soldados de la Guardia Nacional de California, la mayoría con apellidos hispanos, custodiaban uno de los estacionamientos que dan acceso al complejo federal, que incluye la cárcel de inmigración de ICE en el centro de la ciudad.
El acceso al espacio público dentro del complejo de edificios federales no estaba cerrado al público, lo que permitió a activistas mostrar su apoyo a los detenidos que golpeaban las ventanas para confirmar que escuchaban los cánticos de respaldo.
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