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EE. UU. estaba al tanto de que los inmigrantes encarcelados carecían de sentencia. Crédito: Composición El Popular/Meredhit Yañacc.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha admitido que la mayoría de los 238 inmigrantes venezolanos trasladados a una megacárcel en El Salvador no tenían historial delictivo. Así lo informaron los medios ‘El Tiempo Latino’ y ‘EFE’, suscitando un nuevo foco de críticas hacia las decisiones tomadas durante el gobierno de Donald Trump.
La medida, incluida en la política de deportaciones aceleradas promovida por Trump, ha sido calificada por varios defensores de los derechos humanos como una violación al debido proceso. Muchos de estos migrantes fueron enviados sin que existiera una condena formal o evidencia de que representaran una amenaza a la seguridad pública.
Los migrantes fueron encerrados en una prisión de máxima seguridad en El Salvador, conocida por albergar a miembros de pandillas violentas. El traslado ha sido fuertemente cuestionado, ya que expone a personas sin historial criminal a condiciones carcelarias extremas y potencialmente peligrosas.
El DHS, al confirmar esta información, también insinuó que la medida fue parte de un acuerdo bilateral con las autoridades salvadoreñas durante la administración anterior. Sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre las razones específicas por las que se eligió ese destino para personas sin condenas judiciales.
El hecho de que estas deportaciones hayan ocurrido sabiendo que los migrantes no eran legalmente condenados agrava el impacto político para Trump, especialmente ahora que se encuentra nuevamente en campaña. Activistas afirman que este tipo de políticas no solo criminalizan la migración, sino que también violan derechos fundamentales.
Es importante mencionar que, ni el presidente Donald Trump ni su equipo han emitido declaraciones al respecto. Sin embargo, analistas prevén que este escándalo podría generar nuevas investigaciones y tener consecuencias tanto legales como electorales.
Recientemente, una investigación conjunta de ‘ProPublica’, ‘The Texas Tribune’ y medios venezolanos reveló documentos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los cuales confirman que solo 32 de los inmigrantes deportados a la megacárcel de máxima seguridad en Tecoluca tenían antecedentes por delitos menores, como robos en tiendas o infracciones de tránsito. El resto de los detenidos no presentaba ninguna condena penal.
Además de los antecedentes ya mencionados, la investigación de ‘ProPublica’ reveló nuevas irregularidades. Tanto ese medio como otros lograron acceder a las listas oficiales de presuntos pandilleros buscados por la policía de Venezuela y la Interpol.
Aunque dichas listas contenían alrededor de 1.400 nombres, ninguno coincidía con los 238 inmigrantes deportados por la administración de Trump. Estas personas fueron expulsadas sin la oportunidad de defenderse o exponer su situación ante los tribunales estadounidenses.
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