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La organización social alertó que tales deportaciones sitúan al Gobierno entre un reducido grupo de mandatarios que no son sensibles a los procesos migratorios actuales y violan derechos reconocidos universalmente.
En ese sentido, lamentó los datos divulgados por la Dirección General de Migración que indican que en la semana reciente se ha arrestado y deportado a 186 embarazadas, 559 parturientas y 648 niñas haitianas, sin tomar en cuenta el tiempo que esas personas llevaban residiendo en el país y sin respetar sus derechos humanos más básicos.
“Las están apresando en hospitales, sacándolas de sus hogares, en el transporte público, en centros de trabajo, sin dejar que se reúnan con sus familiares, una acción inhumana e injusta que el pueblo debería rechazar con todas sus fuerzas”, advierte ADESA.
Añadió que el argumento del Gobierno para justificar esta ofensiva contra inmigrantes haitianos y sus descendientes es que residen en el país sin permiso de residencia temporal o permanente, según el comunicado de prensa de ADESA. Además, añaden que este argumento es inaceptable, dado que es bien sabido que es el Estado Dominicano el que se niega a proporcionar la documentación necesaria para regularizar la situación legal de los inmigrantes haitianos y de sus hijos nacidos en República Dominicana.
En ese contexto, recordó que el Gobierno de Abinader nunca renovó los permisos migratorios a unos 155 mil haitianos que se acogieron al plan de regularización implementado en el último año del Gobierno de Danilo Medina.
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Asimismo, manifestó que poner los hospitales públicos a disposición de la Dirección General de Migración y permitirle a esta entidad arrestar y deportar a parturientas y embarazadas es un acto de barbarie que ninguna razón puede justificar, afirma ADESA, una coalición que congrega a unas 56 organizaciones sociales.
“Esta barbarie no puede continuar. El Gobierno debe reflexionar y comprender que está fomentando el odio entre dos pueblos hermanos, que deben practicar la convivencia pacífica y reconocer su interdependencia”, enfatizaron.
Continuó: “Para ADESA, ningún argumento legal o ultranacionalista justifica redadas indiscriminadas, arrestos o deportaciones arbitrarias de las que son víctimas los inmigrantes haitianos y sus descendientes. Por lo tanto, consideran esencial que los ciudadanos dominicanos de bien alcen sus voces en defensa del respeto a la dignidad, especialmente de mujeres y niñas”.
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