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El Mathias Corvinus Collegium Bruselas (MCC) reveló en un acto este miércoles en el Parlamento Europeo que la Comisión Europea ha financiado con al menos 648,9 millones de euros una amplia red de proyectos, plataformas digitales, instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales con el propósito de controlar la narrativa pública, limitar la libertad de expresión y “reprimir las voces críticas con el discurso oficial de Bruselas”.
El informe, titulado “Fabricando desinformación”, revela con datos precisos cómo la UE “ha institucionalizado una maquinaria de censura” financiada con fondos públicos, cuyo alcance y propósito han sido cuidadosamente encubiertos bajo eufemismos como “alfabetización mediática”, “resiliencia social” o “salud mental juvenil”.
Ha documentado que entre 2014 y 2024 se han destinado al menos 648,9 millones de euros a proyectos relacionados con el control del discurso. Esta financiación se ha canalizado principalmente a través de tres grandes programas: Horizonte 2020 / Horizonte Europa: 354 proyectos por valor de 571 millones de euros; Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV): 48 proyectos con una financiación superior a 36,7 millones de euros; y Europa Creativa: 54 proyectos que han recibido en conjunto 40,8 millones de euros.
El autor del estudio, Norman Lewis, advirtió que “nos enfrentamos a una amenaza real: todos los organismos e instituciones, incluidas las universidades, se han ido convirtiendo en engranajes de una maquinaria ideológica”. Explicó que muchos de estos proyectos son, en realidad, “plataformas de vigilancia emocional y narrativa que utilizan inteligencia artificial para etiquetar discursos como peligrosos”.
“Se han destinado más fondos a proyectos de ‘reparación emocional’ frente al discurso de odio que a la investigación contra el cáncer”, denunció. “Cada semana aparece un nuevo grupo minoritario que se siente ofendido y esto se usa como pretexto para restringir el libre discurso”. Para Lewis, este sistema representa “una amenaza directa a la libertad de expresión, convertida en objeto de intervención ideológica”.
Entre los casos concretos citados destaca el proyecto FAST LISA, coordinado por la Universidad de Bolonia y financiado con 5 millones de euros, que desarrolla herramientas de “resistencia narrativa” para jóvenes mediante algoritmos que detectan y neutralizan contenidos considerados “nocivos”.
Desde MCC Bruselas, el analista y portavoz Jacob Reynolds aseguró que “el propio Parlamento ha financiado asociaciones de prensa para afirmar qué es democrático y vibrante”. Según denunció, estas iniciativas no buscan pluralismo, sino construir un discurso hegemónico cerrado al desacuerdo. “Tenemos que exponer todo esto para que la UE entienda que no puede tener una única narrativa válida”, insistió.
Reynolds advirtió de la existencia de una maquinaria propagandística cuidadosamente estructurada con informes, medios y plataformas tecnológicas que reciben dinero público para reforzar la imagen institucional de Bruselas, marginando a quienes no se someten a la ortodoxia progresista.
La eurodiputada francesa Virginie Joron denunció que Bruselas utiliza ONG afines como altavoces del relato oficial. “Controlan la narrativa y omiten las investigaciones científicas que no encajan en su discurso”, afirmó. Según explicó, en la Comisión de Control Presupuestario (CONT) ni siquiera se permite a los eurodiputados imprimir, fotocopiar o divulgar los contratos a los que acceden. “Es una opacidad deliberada”, advirtió.
Joron recordó el discurso de Ursula von der Leyen en el Foro de Davos, en el que justificó el control informativo a través del Reglamento de Servicios Digitales (DSA), inicialmente diseñado para vigilar productos falsificados, pero reformulado tras la compra de Twitter por Elon Musk como una herramienta de supervisión narrativa. “Los jóvenes ya no ven la televisión, y los políticos recurrimos a plataformas como X porque no nos invitan a los medios. Ahora también quieren cerrarlas”, señaló.
Además, acusó a la Comisión de financiar a organizaciones como Oxfam, cuyos directivos — dijo — “se enriquecen, venden productos, y encima reciben fondos públicos”. Y añadió: “Estamos aquí para controlar el presupuesto y luchar contra esto. Vamos a publicar todo lo que sabemos”.
El informe ha bautizado esta estrategia: desinformación manufacturada. No se trata de combatir bulos o noticias falsas, sino de producir institucionalmente una versión única de la realidad, financiada desde el poder y validada por algoritmos, ONG afines y medios subvencionados. Cualquier visión alternativa es automáticamente calificada como “extremista”, “peligrosa” o “negacionista”.
“La utilización del lenguaje es importante. Es un ataque contra el libre discurso, contra el desacuerdo”, advirtió Lewis. “Si queremos renovar la democracia, hay que volver a los antiguos valores. Todo hombre debe ser libre para pensar y decir lo que quiera. Si no podemos decir lo que pensamos, pronto olvidaremos cómo se piensa”.
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