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Los Ángeles, EE.UU.- El estado de California, un baluarte demócrata encabezado por el gobernador Gavin Newsom, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantienen una relación de constante enfrentamiento que trasciende las diferencias políticas.
Si bien las protestas contra las redadas migratorias han intensificado esta fricción, que se ha trasladado a las calles, múltiples incidentes han evidenciado este choque de fuerzas entre las instituciones californianas y Trump desde su regreso a la Casa Blanca.
Apenas han pasado seis meses de los destructivos incendios que asolaron el condado de Los Ángeles en enero, un asunto que avivó la batalla política en cuanto a la gestión de los recursos medioambientales que pudieron haber evitado esta catástrofe.
El presidente tildó a Newsom de “incompetente” y lo culpó de la devastación de los fuegos, además de amenazar con cortar los fondos federales ante la mala gestión forestal de las autoridades de California.
Incluso el mandatario ordenó liberar miles de millones de galones de agua de dos embalses al norte del estado, que nunca llegaron a las zonas afectadas.
Los demócratas, por su parte, respondieron a la diatriba invitando a Trump a valorar la magnitud de los incendios de Los Ángeles ante las preocupaciones de que corte el flujo de ayudas para la reconstrucción de las zonas afectadas.
Al mismo tiempo que tenían lugar las polémicas redadas migratorias en California, Trump cancelaba una norma estatal que prohibía los vehículos de gasolina para 2035.
El Estado Dorado, uno de los más progresistas en materia medioambiental, ostentaba la autoridad para abordar bajo sus propios marcos legales los estándares de emisiones de vehículos, que han sido más estrictos que los federales.
El bloqueo del mandatario republicano acabaría con los esfuerzos de Newsom para acelerar la transición hacia los vehículos eléctricos e impulsar energías verdes que reduzcan los niveles de contaminación del aire en ciudades como Los Ángeles.
Newsom y Trump también chocan en la manera de abordar la extracción de los recursos naturales. El Gobierno federal busca expandir la perforación de petróleo y gas por tierra, o relajar las protecciones a la pesca en áreas protegidas del Pacífico, topándose con el rechazo de California.
Otro punto álgido entre uno de los líderes más progresistas de EE.UU. y el presidente republicano gira en torno a la política migratoria, después de que California se posicionara como un ‘estado santuario’, lo que limita la cooperación de las fuerzas locales con las agencias de inmigración .
Siendo San Francisco la ciudad donde surgieron las ciudades santuario en EE.UU. y al ser California un estado con una gran población inmigrante, la Administración de Trump ha criticado duramente a Newsom por permitir el uso de esta norma, que obstaculiza al Gobierno su capacidad para efectuar arrestos contra inmigrantes.
Relacionado con el punto anterior, mientras Trump apuesta por una mayor intervención de las fuerzas federales cuando considere que los estados no están en condiciones de hacer frente a un asunto, California defiende con uñas y dientes su autonomía y el derecho a promulgar sus leyes y políticas.
Este fue el caso de las protestas, aunque el punto de fricción estuvo en la decisión de Trump de desplegar a la Guardia Nacional de California en las calles, una maniobra que las autoridades estatales no solo consideraron ‘ilegal’, sino que además creen que instigó el miedo e incitó a los manifestantes a responder a actos provocadores.
El programa de atención médica estatal de California (Medi-Cal) expande la cobertura a migrantes indocumentados, lo que ha despertado las críticas del Gobierno de EE.UU.
Ante esta situación, Newsom cedió el pasado mayo y propuso congelar la inscripción de indocumentados para ahorrarle al estado unos 5.400 millones de dólares ante la incertidumbre fiscal y las amenazas de Trump por suspender fondos federales al estado.
California ha emprendido varias batallas legales contra Trump sobre estas cuestiones, que seguramente llegarán al Tribunal Supremo.
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