Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
La asociación alerta que esta determinación llega en un momento delicado para el sector de la construcción, que experimenta una baja en las ventas, mayores costos financieros y una desaceleración en el inicio de nuevos proyectos.
La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici) emitió un llamado formal al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), solicitando reconsiderar las nuevas tarifas establecidas por la Dirección de Tramitación, Tasación y Licencias, las cuales impactan directamente los trámites gestionados a través de la Ventanilla Única de Construcción (VUC) y los servicios de inspección.
Según informó la agrupación, las nuevas tarifas representan un incremento considerable en los costos operativos para los desarrolladores inmobiliarios.
Entre las medidas mencionadas, se destacan tasas mínimas de hasta RD$6,000, montos que fluctúan entre RD$55,000 y RD$80,000 por inspecciones, y un nuevo cobro del 0.1% sobre el valor tasado de cada proyecto. Estas cargas económicas, según la entidad, no han sido previamente acordadas con el sector y resultan desproporcionadas.
“Estos aumentos excesivos carecen de una base legal clara y nos veríamos forzados a trasladar estos costos directamente a los compradores finales, afectando el precio de la vivienda e incrementando las barreras de acceso, especialmente para los segmentos de clase media y de bajo costo”, expresó el presidente de Aprocovici, Sandy Joel Rodríguez.
La asociación advierte que esta decisión llega en un momento crítico para el sector de la construcción, que enfrenta una disminución en las ventas, mayores costos financieros y una desaceleración en el inicio de nuevos proyectos. Aumentar las cargas en estas circunstancias, según Aprocovici, empeorará aún más la situación y pondrá en riesgo miles de empleos, así como las metas nacionales en materia de vivienda.
De igual manera, se alertó que la medida podría tener un efecto paralizador sobre nuevos desarrollos habitacionales, al desincentivar la inversión y dificultar el cumplimiento de los objetivos de acceso a vivienda digna y asequible. En un contexto de restricciones en el financiamiento, estas decisiones representan un obstáculo adicional para la sostenibilidad del sector.
La institución reiteró su compromiso con el fortalecimiento institucional y la regulación, pero subrayó que cualquier tarifa debe ser razonable, proporcional, transparente y fundamentada en la ley. También enfatizó la necesidad de que estas decisiones se discutan previamente con el sector privado, a través de procesos de diálogo abiertos y participativos.
“Disponer su aplicación de forma unilateral, sin considerar la realidad del sector vivienda, genera incertidumbre, vulnerabilidad jurídica y debilita la confianza necesaria para impulsar nuevas inversiones”, afirmó Rodríguez.
La organización propuso la creación de una mesa técnica de trabajo con los actores principales del desarrollo habitacional, con el propósito de revisar las tarifas impuestas y buscar soluciones viables que garanticen tanto la sostenibilidad del sector como el acceso a viviendas dignas para las familias dominicanas.
Agregar Comentario