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La Alianza Cristiana Dominicana remitió una carta a la comisión bicameral que evalúa más de cuatro proyectos de ley, instándoles a los senadores y diputados a concretar una transformación penal “verdaderamente justa”.
Unos ocho jóvenes en representación de la Alianza Cristiana Dominicana, un grupo religioso, se presentaron este jueves en el Congreso Nacional para expresar a los legisladores la necesidad de aprobar un nuevo marco penal que incluya nuevas tipificaciones.
El colectivo envió una carta a la comisión bicameral que estudia más de cuatro proyectos de ley, solicitando a senadores y diputados una transformación penal “realmente justa”.
Para lograrlo, consideraron esencial que los representantes despenalizaran el aborto en las tres causales, como “un acto de compasión, justicia y defensa para la vida de los más vulnerables”.
“Den un paso audaz, defiendan un Código Penal mejor para nuestra nación. Uno realmente justo, (para) que ninguna niña sea obligada a dar a luz tras una violación. Que reconozca las tres excepciones a la penalización del aborto…”, afirmaron los miembros de la organización en la misiva compartida al senador Santiago Zorrilla, presidente de la mesa legislativa.
Las tres circunstancias en las que se podría abortar un feto, según proponen algunos sectores de la sociedad, son: cuando el embarazo represente un riesgo para la vida de la mujer, sea producto de una violación o existan malformaciones incompatibles con la vida.
Pero el ambiente actual en el Poder Legislativo no es propicio para esta propuesta, ya que la mayoría de los congresistas se identifican como “provida”, oponiéndose a eliminar el castigo penal para quienes lo practican o los médicos que lo realizan.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, respondió el pasado 11 de junio a las preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de incluir este apartado en la actualización de la norma penal.
Sin embargo, reveló que la salida de algunos legisladores no reelectos tras el cuatrienio 2020-2024, coloca en desventaja a quienes apoyan “las tres causales”.
Por ello, según informaciones de Pacheco este jueves, no quedaría más opción que analizar la propuesta de modificación mediante un procedimiento legislativo diferente, a través de una ley especial.
La iniciativa aprobada en el Senado de la República, presentada por el congresista Rogelio Genao, donde no se contempla legalizar esta acción, es la base que utiliza la comisión bicameral para desarrollar los estudios correspondientes.
Por esta razón, la entidad cristiana considera que el proyecto de ley del senador Antonio Taveras es el idóneo para la sociedad dominicana, “que representa avances importantes en los temas que preocupan a la ciudadanía”, acogiendo la visión de los creyentes.
“Queremos un código que represente a nuestra generación. Nos corresponde construir juntos el país que soñamos heredar. Un país que se asemeje al reino que Jesús nos enseñó: donde se defienda a los más pequeños, se levante a quienes han sido oprimidos, y el amor prevalezca sobre el juicio”, expresaron en el mensaje.
La comisión bicameral tendrá hasta el 26 de julio para finalizar el informe con las recomendaciones de modificación a los distintos artículos y aprobarlo en dos discusiones en ambas cámaras legislativas. De lo contrario, la reforma al Código Penal pasaría, nuevamente, a la siguiente legislatura.
El presidente de la Comisión, Zorrilla, se mostró confiado en que esto no ocurrirá, ya que están trabajando para enviar en los próximos días al Poder Ejecutivo con el objetivo de lograr su promulgación, lo que será el marco penal del país en el futuro.
Desde hace dos semanas, los congresistas emplean una nueva metodología de trabajo que agiliza la lectura de los más de 400 artículos del conjunto de leyes vigente, derivado del Código Penal utilizado en 1810 por el emperador francés Napoleón Bonaparte.
Si bien decidieron posponer las discusiones sobre unos 25 artículos para evitar controversias, esto les ha permitido avanzar en el diálogo sobre más de 260 artículos.
Entre los 72 nuevos tipos penales contemplados en el documento legislativo del código penal aprobado en el Senado se incluyen el terrorismo, el sicariato, el genocidio, infracciones graves de guerra, crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada de personas, feminicidio, feminicidio agravado, feminicidio conexo, violencia conexa en contexto feminicida, inducción al suicidio, cooperación al suicidio, daños con sustancias químicas (ácido del diablo).
Trato cruel, inhumano o degradante, robo de identidad, robo de identidad agravado, perturbación telefónica, difusión de audio e imágenes sin consentimiento, divulgación de información secreta, captación y uso de datos personales, estudios genéticos sin consentimiento, manipulación ilícita de genes, fecundación de óvulos con fines distintos a la procreación, reproducción asistida no consentida, actividad sexual no consentida.
Participación de grupos en infracciones graves de guerra, negligencia o imprudencia en el control de los subordinados, atentado imprudente contra la vida, responsabilidad de persona jurídica por atentado culposo contra la vida, bullying, bullying agravado, operaciones comerciales con niños y adolescentes, responsabilidades de persona jurídica que provoquen incapacidades mayores a 60 días.
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