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El artista puertorriqueño Daddy Yankee se opuso a que el productor musical Raphy Pina participe en el proceso legal que tiene en contra de su exesposa Mireddys González y su excuñada Ayeicha González Castellanos.
Así lo manifestó su equipo legal en una moción presentada el pasado 6 de junio ante el Tribunal de Carolina.
La solicitud, de 13 páginas, busca que se desestime la petición de intervención presentada por Pina Nieves y su empresa, World Music Latino (WML), el pasado mes de abril; dicha solicitud tenía como propósito que pudieran responder a señalamientos incluidos en la demanda por $250 millones presentada por el artista.
En el documento, Carlos E. Díaz Olivo, José A. Cuevas Segarra y Anabelle Torres Colberg, abogados de Daddy Yankee, tildaron la intervención de “improcedente” y aseguraron que no hay base legal para incluir a terceros que no están relacionados con las corporaciones involucradas.
“No hay lugar para incluir como parte a un tercero que no forma parte de las corporaciones, ni ejerce como director u oficial cuya conducta pueda evaluarse conforme a la Ley General de Corporaciones”, indicaron.
Adicionalmente, los representantes legales del intérprete de “Gasolina” y “Dura” argumentaron que se efectuaron desembolsos por más de $27 millones sin justificación, y que la intervención de Pina y su empresa representa “un intento frívolo y temerario para obstaculizar y retrasar los procedimientos”.
También señalaron que ni Pina Nieves ni World Music Latino enfrentan acusaciones directas ni se verán afectados por las decisiones del tribunal, ya que “no son parte del caso” y no pueden ser alcanzados por el principio de impedimento colateral.
Por su parte, en su solicitud de intervención, la defensa de Raphy Pina argumentó que la demanda de Daddy Yankee contiene señalamientos “muy serios” en contra del productor y su empresa, relacionados con la supuesta pérdida de millones de dólares.
Incluso se sugiere que algunos de los hechos alegados habrían ocurrido mientras Pina cumplía condena en prisión, lo que podría implicar violaciones a reglamentos penitenciarios o a condiciones de libertad supervisada.
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