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En un escrito, los letrados de la Administración alegaron que la decisión del juez federal impide al Gobierno “cesar a ningún empleado”.
Un juez en Boston falló el pasado mayo en favor de una demanda interpuesta por una coalición de 21 estados con gobiernos demócratas, la Federación Americana de Maestros y dos distritos escolares de Massachusetts, que solicitaban suspender el decreto con el que Trump ordenó eliminar el Departamento de Educación.
La resolución veta temporalmente la ejecución de esta orden ejecutiva y el recurso que el Gobierno presentó ante el Supremo solicita revocar esta decisión.
El Gobierno ha procurado despedir a aproximadamente la mitad de la plantilla del Departamento de Educación y trasladar de manera “inmediata” la administración de préstamos estudiantiles y los servicios de educación especial fuera de la agencia. Los tribunales han funcionado como barrera para algunos de los planes más controvertidos del Gobierno de Trump, incluido su intento por suprimir varias agencias federales, así como sus políticas migratorias de mano dura.
La Administración ha criticado abiertamente al Poder Judicial, acusando a los tribunales de actuar como “activistas” y calificando a algunos jueces de “comunistas”.
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