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EE.UU. restringe la ciudadanía con nueva normativa de Trump. Crédito: Composición El Popular/Meredhit Yañacc.
El presidente Donald Trump ha rubricado un decreto que anula la ciudadanía automática por nacimiento para hijos de inmigrantes sin documentos y temporales, provocando debate y litigios en Estados Unidos.
El 20 de enero de 2025, en su primer día en el cargo, el presidente Donald Trump firmó un decreto que revoca la ciudadanía automática por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y con visado temporal. Esta medida busca reinterpretar la 14ª Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en suelo estadounidense. La administración alega que la frase “sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos” excluye a los hijos de padres sin estatus migratorio legal.
El decreto ha generado una oleada de críticas y litigios. El 23 de enero, un juez federal en Seattle suspendió provisionalmente su aplicación, considerándola “descaradamente inconstitucional”. Además, fiscales generales de 22 estados y organizaciones de derechos civiles han interpuesto demandas, alegando que la medida vulnera la Constitución y los derechos fundamentales de los niños nacidos en EE.UU.
En paralelo, la administración Trump ha puesto en marcha otras políticas migratorias restrictivas. El 4 de junio, se firmó un decreto que prohíbe la entrada a ciudadanos de 12 países, incluyendo Afganistán, Irán y Somalia, y limita el ingreso desde otros siete, como Cuba y Venezuela. La medida, que entrará en vigor el 9 de junio, se justifica por razones de seguridad nacional y busca prevenir el ingreso de “terroristas extranjeros”.
Asimismo, se ha anunciado que se denegará la ciudadanía a inmigrantes que hagan uso de ayudas sociales, bajo el argumento de que constituyen una “carga pública” para el Estado. Esta normativa afectará a quienes dependan principalmente de la asistencia de fondos públicos para subsistir, incluso si poseen la tarjeta de residente permanente o algún tipo de visado legal.
En definitiva, estas medidas reflejan un endurecimiento significativo de las políticas migratorias en Estados Unidos, generando preocupación entre comunidades inmigrantes y defensores de los derechos humanos.
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